El Pleno de las Cortes ha aprobado este miércoles con la unanimidad de los tres grupos parlamentarios la modificación de la Ley de Universidades, que establece el cambio de forma jurídica de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario para que funcione como un ente público de derecho privado, ya que los socialistas consideraron que las "diferencias" sobre este modelo no eran obstáculo para su respaldo.

Tanto la procuradora del PSOE, María Luz Martínez Seijo, como la 'popular' María Jesús Moro han destacado el trabajo realizado por ambos grupos para alcanzar un nivel de consenso que ha permitido que de las 75 enmiendas planteadas inicialmente por el Grupo Socialista se aprobaran nueve y se transaccionaran 20.

"Hemos limado asperezas y hemos ampliado la visión de futuro de las universidades de la Región", ha recalcado la representante del PSOE, quien no dejó de insistir en que le habría gustado que la Agencia de Calidad se hubiera configurado como organismo autónomo porque le dotaría de una mayor transparencia. Sin embargo, ha apuntado que se trata de "diferencias en el modelo" que no están afectadas por aspectos políticos, y por lo tanto no son "insalvables".

Martínez Seijo también ha añadido que considera que la Agencia pierde una oportunidad de desarrollar su función "prospectiva" de búsqueda de relaciones más intensas entre la universidad y la empresa mediante el seguimiento de los estudiantes egresados o de las titulaciones que cuentan con más preferencias en el mercado laboral, pese a que, a su juicio, ya en esta Ley se atribuyen acciones que están muy relacionadas con este trabajo.

Por lo demás, ha agradecido que una enmienda transaccionada haya concretado que la elección del director de la Agencia de Calidad corresponderá al Pleno del Consejo de Dirección en lugar de al consejero del ramo, Juan José Mateos, tal y como estaba recogido en el proyecto inicial de modificación. En definitiva, "se han mejorado las funciones de la agencia y aspectos de importancia con el carácter de independencia" con una dirección "más equilibrada".

Mientras tanto, la 'popular' Moro ha recalcado que la concepción del ente público de derecho privado es "igual de transparente" por que otros organismos se encargan del control y que además "es mucho más flexible", al tiempo que se felicitó por que el Grupo Socialista haya "dejado atrás las reticencias" que había mostrado a este respecto.

Al mismo tiempo quiso matizar que las reformas que se van a llevar a cabo en una entidad pública de derecho privado como la Ade se deben a la búsqueda de su racionalización y que no se trata de una política extensible a otros organismos de esta naturaleza, tal y como insinuó Martínez Seijo. Asimismo, ha puntualizado que el texto inicial ya reconocía el nombramiento del director por parte del Consejo de Dirección si bien no lo hacía de forma "explícita".

Según la representante del PP, la Agencia mejorará la competitividad de las universidades y mantendrá el rigor, lo que aportará trabajo para que la Comunidad tenga "mejores títulos, mejores currículos y mejores profesores". Por ello, ha recomendado que la entidad se centre en sus potencialidades en esta materia y que los aspectos de prospectiva se dejen a los "especialistas", quienes no obstante trabajarán con datos que aporte la Agencia.

Consejos sociales

El proyecto de ley de Universidades de Castilla y León para adaptar la normativa autonómica a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), tal y como ha explicado el consejero Mateos, otorga también nuevas funciones a los consejos sociales de estas instituciones, a quienes se atribuye ahora una nueva función centrada en informar sobre la creación de empresas de base tecnológica promovidas por la universidad o participadas y creadas a partir de patentes o resultados de proyectos de investigación originados en la universidad.

Este aspecto era antes "excepcional" pero ahora "habitual e importante" para el sistema, según Mateos, quien explicó que otra de las modificaciones radica en que deja de ser obligatorio que los centros universitarios privados se integren en una universidad privada como centros propios de la misma o adscritos a una pública para, a partir de ahora, poder adscribirse a universidades privadas mediante convenios.

Evaluación externa

En el proyecto de ley se configura la Agencia como un órgano de evaluación externa del sistema universitario de Castilla y León, adscrito a la Consejería de Educación, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio que se encargará de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades y de los centros de investigación y de Educación Superior de Castilla y León y que colaborará también con universidades de otros países en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León se estructurará en departamentos de gobierno (Consejo de Dirección, presidido por el consejero de Educación), Comisiones de Evaluación (Profesorado, Investigación, Titulaciones y Calidad Institucional) y Consejo Asesor como órgano de consulta y estará integrado por el personal que en la actualidad forma parte del Consorcio de la Agencia.

El órgano, formado por la Consejería y las universidades públicas, que verá actualizadas sus funciones e incrementará sus competencias además de entrar a formar parte de la Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la Educación Superior (ENQA), que lleva a cabo "rígidos" procesos de selección para la admisión de sus miembros, entre los que figuran las agencias regionales de Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla y León y la Aneca, la agencia nacional.

Por otro lado y en cuanto a su adecuación a la LOU, el texto contempla cambios de denominación y actualización de algunos términos y modificaciones en la adscripción de centros docentes de titularidad pública o privada de manera que, en el nuevo texto, las facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores y escuelas universitarias o politécnicas universitarias se denominarán "escuelas y facultades" y el Consejo de Coordinación Universitaria se llamará 'Consejo de Universidades', entre otros cambios.