Los ex trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, protagonizan desde pasadas las 11,00 horas de este miércoles un encierro en la sede provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM) al haber paralizado dicha institución sus subsidios de desempleo. El colectivo reclama los compromisos de pago de este ERE, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, al figurar en la documentación la firma de un director general de la Consejería de Empleo sin que el Gobierno andaluz le conceda validez.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que el encierro ha comenzado poco después de las 11,10 horas de este miércoles, cuando los aproximadamente 40 prejubilados del ERE de 2007, en compañía de otros trabajadores de la sociedad mixta, se han instalado en la sede provincial del INEM, sita en la avenida de Blas Infante. Los trabajadores de estas instalaciones, según ha relatado, han quedado sorprendidos por la movilización, toda vez que el colectivo reclama una entrevista con el director provincial del Instituto Nacional de Empleo.

Entre intensas pitadas, Rafael Domínguez ha advertido de que los prejubilados permanecerán en las instalaciones hasta que algún cargo de la institución no debata con el colectivo la paralización de sus subsidios por desempleo, extremo derivado de la situación en la que se encuentran estos ex trabajadores del mercado central de abastos de Sevilla. Y es que al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del ERE y quedar suspendidas las prestaciones implicadas en el procedimiento, el colectivo de prejubilados percibe sus correspondientes nóminas mediante contratos de préstamo librados mensualmente por Mercasevilla con la renuncia expresa de los benefiarios a la adquisición de derechos.

Un documento revelador

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones— su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros. COINCIDENCIAS

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del ERE.