Facua lamenta que la Junta haya tardado en hacer público el nombre de la firma infractora en venta de ibéricos

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha lamentado este viernes la tardanza de la Junta de Andalucía en hacer público el nombre de la empresa sevillana que supuestamente comercializó de forma fraudulenta ibéricos.

El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha lamentado este viernes la tardanza de la Junta de Andalucía en hacer público el nombre de la empresa sevillana que supuestamente comercializó de forma fraudulenta ibéricos.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha señalado que se ha creado una preocupación en los consumidores ante la "incertidumbre" sobre cuál era la empresa y una "sombra de sospecha" sobre "cualquier empresa del sector radicada en Sevilla, a la que está opacidad ha creado un grave perjuicio en su imagen".

Así, ha apuntado que la política de comunicación de la Junta debería de cambiar "en aras de garantizar la total transparencia hacia los consumidores", algo que Facua "está reclamando desde hace años a la Junta pero donde lamentablemente no vemos cambios a mejor".

Además, recuerda que esta organización agraria ha solicitado una reunión con la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que confían se produzca "en los próximos días". En este sentido, ha indicado que Aguilera debe aclarar "el mensaje que ha trasladado esta semana a la opinión pública alertando de un supuesto fraude masivo en el etiquetado de productos ibéricos andaluces".

"Entendemos que debe decir cuáles marcas han cometido fraude en el etiquetado y dar a conocer los resultados de las inspecciones realizadas", ha subrayado.

Al hilo de esto, Sánchez también ha indicado que la Consejería de Agricultura y Pesca deberá de poner en marcha una "gran" campaña de inspección para conocer los datos sobre fraudes en el etiquetado, aunque apuntó que "se desconoce si tiene medios para llevarla a cabo".

Por último, recuerda que "la Junta lleva dos años realizando cortes en dotaciones presupuestarias en lo referente a la protección de los consumidores", algo que ha considerado "muy negativo teniendo en cuenta la situaciones que ha trasladado la propia Administración".

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