El juez que instruye el Caso Maquillaje Juan Ignacio Lope Sola ha abierto juicio oral contra la ex-presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, el ex-conseller de Turismo, Miquel Nadal y ocho personas imputadas más en esta causa, que investiga un supuesto caso de corrupción urdido durante la pasada legislatura entorno al presunto desvío de 240.000 euros públicos del Consell de Mallorca a empresas audiovisuales controladas por dirigentes de UM.

Así, junto a Munar y Nadal, se sentarán en el banquillo Miguel Sard; Víctor Francisco García; Miguel Oliver; Luisa Almiñana; Ramon Cristobal Rullan; Elisabeth Diéguez; Alfredo Conde y Margarita Sotomayor.

Concretamente, se acusa a Munar y Nadal de los delitos de prevaricación; malversación de caudales públicos; negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público.

Por su parte, se acusa a Margarita Sotomayor de los delitos de prevaricación; delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad continuada en documento oficial por funcionario público.

Mientras, a Miguel Sard y Víctor Francisco García se les acusa de un delito continuado de malversación de fondos públicos y un delito continuado de negociaciones prohibidas, mientras que a Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Cristóbal Rullán se les acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos; delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

Finalmente, se acusa a Alfredo Conde y Elisabeth Diéguez de un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

La decisión del juez se ha conocido un día después de que los fiscales Anticorrupción solicitaran seis años de cárcel para Munar y Nadal por la presunta desviación de fondos públicos, cuando ostentaban la Presidencia y la Vicepresidencia del Consell de Mallorca, respectivamente.

Por su parte, en su escrito, el magistrado solicita a cada uno de los diez imputados una fianza de 320.000 euros, en concepto de responsabilidades pecunarias que pudieran derivarse de la presente causa, con el fin de garantizar la devolución de lo malversado, más el tercio que señala el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.