La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles solicitar a la Dirección General del Catastro que anule la ponencia de valores catastrales aprobada para Jerez de la Frontera (Cádiz) y que proceda a estudiar una nueva, tal y como pedía el PP.

El diputado 'popular' Aurelio Romero ha denunciado que los valores catastrales contienen "muchos errores materiales" y que para su cálculo se han usado los módulos básicos máximos que pueden aplicarse, lo que ha dado como resultado valores "muy por encima" de los valores de mercado, incluso para las VPO.

Así las cosas, ha subrayado que muchos de los afectados han recurrido por diferentes vías la ponencia, siendo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que ha estimado esas reclamaciones, reconociendo que los valores asignados no tienen motivación y anulando las valoraciones individuales.

En este sentido, ha lamentado las "desigualdades" que provoca esta situación entre los ciudadanos que han recurrido y los que no, a quienes se les aplica la ponencia de valores aprobada. "Es un galimatías difícil de disfrazar", ha señalado.

Por su parte, la diputada socialista Mamen Sánchez ha mantenido que la petición del PP es "una pantomima" ya que la ley, que fue aprobada por un Gobierno del PP, no permite anular la ponencia cuando ésta ya es firme, como es el caso. "El PP sabe que la anulación de un acto de esta naturaleza es posible pero sólo en vía administrativa, en el momento en el que se hace pública, no ahora", ha destacado.

Nueva ponencia en 2013

Por otro lado, Sánchez ha rechazado la petición 'popular' de que comiencen los estudios para realizar una nueva ponencia ya que, según ha recordado, la ley catastral establece que los mismos sólo pueden iniciarse transcurridos al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales y una vez que lo solicite el Ayuntamiento.

El consistorio jerezano así lo ha pedido, por lo que, según ha anunciado, en 2012 se procederá a iniciar esos estudios para una nueva ponencia que pueda entrar en vigor en 2013, pero no antes del plazo establecido legalmente.