Un soldado del Ejército de Tierra destinado actualmente en Sevilla ha reclamado al Ministerio de Defensa una indemnización de 6.000 euros por haber sido "arrestado" indebidamente durante 12 días, ya que el militar en cuestión fue sancionado por faltas leves en dos ocasiones y no se le dio traslado de las resoluciones sancionadoras, "con lo cual no conocía los motivos de los dos arrestos".

En este sentido, el abogado que representa los intereses del militar, Fernando Osuna, ha explicado a Europa Press que, primeramente, presentaron una reclamación ante el propio Ministerio pidiendo el abono de estos 6.000 euros como responsable patrimonial de los hechos, mientras que actualmente, "y ante la falta de respuesta", se ha llevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En este sentido, y tras señalar que el mando superior que acordó las sanciones "no ejercía mando" sobre el perjudicado en el momento de los arrestos, el letrado ha precisado que una de las sanciones le fue impuesta "por inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas y de las normas de régimen interior, sin especificar qué norma de régimen interno o qué orden se había incumplido".

Al hilo de ello, Fernando Osuna ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press que la otra sanción impuesta al soldado "tuvo su origen en una llamada sin autorización, no obstante lo cual la resolución sancionadora describe unos hechos diferentes", añadiendo el abogado que la autoridad militar competente, una vez cumplidos los dos arrestos, anuló las dos sanciones referidas "por haber sido impuestas por órgano manifiestamente incompetente".

El letrado entiende que su cliente "fue privado de libertad sin causa justificada" y debido a la "animadversión" del mando hacia el soldado, "al que llegó a amenazar con que no se iría de la unidad sin ser sancionado", añadiendo además que al perjudicado "ni siquiera se le dio la posibilidad de defenderse de tal actuación arbitraria, por cuanto se le obligó al cumplimiento de la sanción inmediatamente, sin darle opción siquiera a interponer los correspondientes recursos legales hasta que la cumpliera".

El abogado solicita el pago de una indemnización de 6.000 euros, de los que 4.800 euros se extraen de los 12 días de arresto —400 euros por día—, 600 euros por el daño moral causado y otros 600 euros por daños y perjuicios.