Las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista tendrán desde este jueves y hasta el próximo 14 de enero para presentar las solicitudes para recibir la indemnización de 1.800 euros establecida por la Junta de Andalucía como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.

Así lo establece un decreto de la Consejería de Gobernación y Justicia que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que determina que las solicitudes para dicha indemnización se podrán presentar "dentro del plazo de tres meses" a partir de su entrada en vigor, que se producirá este jueves 14 de octubre.

El decreto, consultado por Europa Press, fija una única convocatoria de ayudas para aquellas mujeres que no sufrieron privación de libertad entre los años 1936 y 1950, pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.

Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.

Las solicitudes, que podrán ir acompañadas de las pruebas que las solicitantes consideren necesarias, podrán formalizarse a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal 'www.juntadeandalucia.es'. Una vez recibida la solicitud, la administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses.

ANTECEDENTES

La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años. Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador.

Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las estatales fijadas en 1990).

En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización en pago único de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.

Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.