Martín espera que se tramite dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y esté en vigor a partir del 1 de enero de 2011. El impuesto verde se dirige a eléctricas, telefónicas o la explotación minera y se empleará para la preservación de los montes.

El consejero de Medio Rural y Pesca del Principado, Aurelio Martín, ha presentado este lunes la propuesta de un nuevo impuesto autonómico que gravaría la ocupación de montes para actividades no sostenibles y con el que se prevé recaudar entre 14 y 18 millones de euros. De este modo, se situaría como el segundo impuesto propio en recaudación tras el Canon de Saneamiento de Aguas.

No obstante, con las previsiones de instalación de aerogeneradores y de nuevas líneas de alta tensión o ampliación de las existentes, la recaudación total se podría situar a medio plazo en unos 20 millones de euros.

Martín espera que este impuesto ambiental se tramite dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y esté en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Para ello, el consejero espera que la iniciativa de IU-Verdes cuente con el apoyo de la parte socialista del Gobierno, y recuerda que en otras comunidades autónomas dirigidas por el PSOE existen impuestos similares. "Espero una receptividad favorable", señaló.

Aurelio Martín, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director general de Montes, Joaquín Arce, explicó que quedarán excluidas de este impuestos las actividades "sostenibles" tales como la agricultura, la ganadería o la industria maderera.

"Es el momento de pasar de la poesía a los hechos en lo que se refiere a la fiscalidad verde", argumentó Martín. Así, el objetivo de este impuesto, que según el consejero sigue la línea de las políticas medioambientales más avanzadas de otros países europeos, es gravar a las empresas que desarrollan actividades "no sostenibles" por los daños, incidencia, alteración o riesgo de deterioro en los montes, y así posibilitar la preservación de los montes asturianos y la protección del patrimonio natural.

El nuevo impuesto serviría, también, para inyectar recursos en estas políticas medioambientales en la actual situación de crisis económica. Igualmente, el consejero sostiene que contribuirá a generar empleo en el ámbito de la conservación forestal y por tanto, permitirá fijar población en el medio rural.

Los usos gravados serían las infraestructuras de transporte y producción eléctrica; la producción minera y otras actividades extractivas; las antenas y repetidores de televisión, telefonía o telemática; el transporte de personas en teleférico, funicular o telesilla; los remontes mecánicos para transporte de mercancías; gaseoductos y oleoductos; así como otras actividades vinculadas, además de pistas, carreteras y caminos de acceso.

Para su aplicación, se cuentan todos los montes incluidos en la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, tanto los de titularidad pública como privada. Si bien, el impuesto no lo pagarán los propietarios del monte sino quienes desarrollen en él una actividad. No afectará a las entidades públicas ni a los ayuntamientos.

Respecto a la posibilidad de que las compañías repercutan en los usuarios o consumidores este nuevo impuesto, el consejero afirmó que es "imprevisible" que haya una alteración de tarifas para un territorio o CCAA concreta, e indicó que el proyecto está avalado por un estudio de la Universidad de Oviedo.