El Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) prevé personarse en la causa que derive de la denuncia formulada por la Fiscalía en cuanto al reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Ayuntamiento de Sevilla adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y valorados en 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y podría constituir un delito de prevaricación.

El secretario general del sindicato en Sevilla, Juan Carlos Bernabé, ha dicho a Europa Press que dado que la Fiscalía reclama la imputación del jefe del servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios en 2007, año al que se remontan estas contrataciones, el Ayuntamiento habría de suspender, "al menos de forma cautelar", a los cargos que sean imputados en estas diligencias. "Al menos, como medida preventiva", ha señalado. Bernabé ha destacado la pretensión de su organización sindical en cuanto a su personación en las diligencias, pues todo deriva de la documentación elevada por el SPB al Ministerio Público.

Y es que, según dijo, el SPB reclama que "se investigue más profundamente" las contrataciones realizadas desde la dirección del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, pues este caso en cuestión podría constituir sólo "la punta del iceberg". A tal efecto, ha puesto su mirada en muchas de las contrataciones consumadas en los últimos "15 años".

En la denuncia, recogida por Europa Press, la Fiscalía rememora que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces. La adquisición de este equipamiento, formalizada mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 644.485 euros, "se efectuó sin atenerse en absoluto a los requisitos que exigía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", según figura en la denuncia.

La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri "no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras", toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve "posibles irregularidades" en esta contratación dada la "absoluta inobservancia de las formalidades" obligadas en las contrataciones de esta naturaleza, lo que lleva al Ministerio Público a atisbar un posible delito de prevaricación.

A tal efecto, la Fiscalía solicita que sea identificada la persona que en 2007 ostentaba la Jefatura del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, porque reclama su llamamiento a declarar en calidad de imputado.