El Ayuntamiento de Murcia ha pasado desde hoy a formar parte de los consistorios de la Región registrados por presuntas irregularidades urbanísticas. Previo a éste, fueron los ayuntamientos de Totana (2007), Torre Pacheco (2008), Los Alcázares (2008) y Librilla (2008).

No obstante, el Ayuntamiento de Murcia también se vio implicado en el denominado 'Caso Barraca', en el que se investigaron los expedientes que tramitó el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo en el Consistorio capitalino durante siete años, Joaquín Peñalver, por supuestas irregularidades en provecho de su cargo.

De hecho, la Región de Murcia tiene varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional, Francisco Marqués, en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.

En concreto, en el año 2007 fue detenido el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, que permaneció en prisión doce meses tras pagar una fianza de 70.000 euros. Fue dado de baja en la dirección regional del PP, aunque gobierna con el equipo de este partido.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) asumió competencias para conocer la relación del aforado Juan Morales en la conocida como Operación Tótem al entender que había "indicios suficientes" de presuntos delitos cometidos por el diputado entre ellos el de cohecho "por el cobro de comisiones".

En 2008, el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, del PP, fue también detenido por su presunta relación con una supuesta corrupción urbanística en el municipio. En la operación 'Camelot', en la que están implicados los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo (ambos del PP), se investigan los presuntos delitos investigados son de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto.

También en 2008, la Guardia Civil detuvo a seis personas en el marco de una operación contra posibles delitos fiscales y negociaciones prohibidas a funcionarios en el marco de la 'Operación Valhalla', desarrollada en los municipios de Fuente Álamo y San Javier.

En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier investiga los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales, cohecho y asociaciones ilícitas.

Entre los arrestados estaban el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini; y el de San Javier, Miguel Botella, socios a su vez de un estudio de arquitectura denominado Gruparq 3 S.L., ubicado en San Pedro del Pinatar, cuyo socio también fue detenido, Juan Pedro Sánchez.

Casos también en los alcázares

También Los Alcázares fue escenario, en enero de 2008, de una operación desarrollada por la Policía Nacional que se saldó con la detención de seis personas, entre ellas el ex alcalde del municipio, Juan Escudero (quien fue expulsado del PSOE) por un presunto delito relacionado con la malversación de fondos y blanqueo de dinero.

Más tarde, en noviembre de 2008, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el municipio de Librilla. En esta ocasión, agentes de la UCO de la Guardia Civil detuvieron a una decena de personas, entre ellas el alcalde, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, que quedaron en libertad dos semanas después de ingresar en prisión y están dados de baja del PP.

Más adelante, en marzo de 2009, agentes de la UDEV de la Policía Nacional detuvieron al ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional del PP, Francisco Marqués, tras investigar su patrimonio y en relación al caso de la Zerrichera, de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de una finca agrícola para construir un resort en el paraje natural homónimo, protegido por las figuras de Lugar de Interés Cultural (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

Tras declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Murcia, se decretó libertad con cargos al serle imputados los delitos de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

En el conjunto del país, hay 800 imputados por corrupción. Canarias, Baleares, Valencia y Cataluña acaparan hasta el momento los principales escándalos urbanísticos de los últimos meses.