El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011 para la Comunitat se han rebajado este año un 28 por ciento respecto a los del ejercicio actual, lo que supone 584 millones menos que en 2010. En su opinión, el Gobierno central "una vez más vuelve a discriminar" a los valencianos ya que, con estas cuentas, "premia a los amigos y castiga a los enemigos". "No es que seamos enemigos, es que Camps no se ha doblegado a Zapatero", ha matizado.

Clemente, que se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa acompañado de los diputados nacionales Ignacio Gil-Lázaro y Marta Torrado en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha señalado que, por población, a la Comunitat le correspondería el 10,9 por ciento de los presupuestos, pero a los valencianos les llegará el 9,2 por ciento, con lo que recibirán 54 euros per cápita menos que la media nacional.

Asimismo, ha advertido de que estos presupuestos están "basados en la mentira", ya que prevén un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,3 por ciento, algo que en su opinión no se va a cumplir.

El dirigente 'popular' ha señalado como ejemplo de esta "burla", que para los planes de Cercanías en la Comunitat se destinen 0,5 millones, o que "siga sin presupuestarse" el nuevo by-pass, así como que se "potencien" las desaladoras frente a las potabilizadoras como la del Azud de la Marquesa, con lo que "dejan sin sentido el trasvase Júcar-Vinalopó". También ha lamentado que haya desaparecido de las cuentas la inversión para la presa de Vilamarxant (Valencia), entre otras cosas.

En la misma línea, la diputada y concejala en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, ha señalado que los PGE tienen un único objetivo: "mantener en la poltrona de La Moncloa" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Además, están "llenos de sectarismos y agravios" y están "basados en la deuda. Por ello, ha pedido a los socialistas que hagan igual que en las Primarias de Madrid, que "no hagan caso" a Zapatero y le "obliguen a convocar elecciones".

Torrado ha analizado las cuentas del Estado para la ciudad de Valencia y ha criticado la "ridícula inversión" en playas, al tiempo que ha lamentado que la cultura "no haya sido tenida en cuenta". En este sentido, ha destacado los "recortes" para el Palau de les Arts, que se queda con una inversión de 1,2 millones; que los 2350.000 euros para el IVAM son "insuficientes o las "exiguas" cantidades para el Mueso San Pio V. También "se han olvidado de la nueva Fe", ha agregado.

Marta Torrado, a preguntas de los medios, ha explicado que están estudiando las enmiendas que pueden presentar a los PGE y "tal y como indicó muy bien y muy acertadamente la alcaldesa -Rita Barberá—, estamos estudiando impugnarlos" porque "no son reales con lo que nuestro país necesita". "Es una alternativa que estamos estudiando y que plantearemos en los próximos días"

Por su parte, Ignacio Gil-Lázaro ha concluido que estos presupuestos "se constituyen como un verdadero enemigo del pueblo" porque su objetivo es el de "prolongar un año más a Zapatero en la Moncloa" aunque eso signifique "empeorar las condiciones de vida" de los españoles.

Gil-Lázaro ha argumentado que los PGE de 2011 van a "desequilibrar" las economías domésticas por los recortes en ayudas públicas y el incremento de impuestos. Además, supondrá una "merma" del estado de bienestar y "no garantizan" que vuelva a fluir el crédito.

Modificación estatuto

Preguntado por cuándo se podría tramitar en el Congreso la posible reforma del estatuto de autonomía valenciano, Gil-Lázaro ha explicado que las propuestas que llegan al Congreso procedentes de los parlamento autonómicos se debaten por orden de llegada, por lo tanto, se verá por "puro turno", ha remarcado.

Por otro lado, cuando se le ha inquirido por las alternativas económicas del PP a los PGE, Gil-Lázaro ha alegado que todos los martes, los 'populares' presentan iniciativas económicas en el Congreso. Al respecto, ha lamentado que todas sean rechazadas, en la legislatura pasada por la mayoría del PSOE y sus apoyos, mientras que en la actual apelan al artículo 136 de la Constitución que determina que el Gobierno puede "vetar" la tramitación de una iniciativa parlamentaria "si a su juicio supone un aumento del gasto".