La concejala de IU en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha dicho que "puede haber responsabilidad penal" detrás de la investigación desarrollada por la Fiscalía en el Consistorio murciano por presunta corrupción urbanística, y ha apuntado que el caso puede estar relacionado con algunos de los seis convenios urbanísticos desarrollados en la zona Norte del municipio.

Herguedas ha deducido que se trata de una investigación de corrupción por las declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, quien ha asegurado que todos los expedientes administrativos en materia de Urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta".

"Puesto que Berberena ha dicho que desde el punto de vista administrativo todo está bien hecho, no se trata de una investigación de carácter administrativo, sino una investigación de corrupción", según Herguedas, quien ha añadido que la Guardia Civil "no se presenta en un sitio porque le apetezca, sino porque cuanto menos hay pruebas de algún indicio de algún presunto delito".

Aunque dijo que la investigación está abierta y que hay que esperar los acontecimientos, Herguedas ha deducido de las declaraciones de Berberena que los recursos contenciosos administrativos "están en camino o no han prosperado", por lo que todo está bien desde el punto administrativo, pero ha destacado que, de haber una investigación penal "ya son palabras mayores".

Sobre el origen de la investigación, Herguedas reconoció no saberlo con certeza, pero indicó que puede hacer suposiciones "en base a los nombres que se han dado, como el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero, Renato de Noce, ambos relacionados con los convenios urbanísticos de la zona Norte".

Herguedas subrayó que tanto uno como otro "estaban asociados" con el ex-jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, por lo que indicó que puede tratarse de una investigación derivada del ámbito de la investigación a Peñalver, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas, o de una denuncia que se haya presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.

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