Los dos empresarios juzgados este lunes en Gijón por el accidente de un trabajador que quedó incapacitado han alegado durante la vista que el empleado fue el único de los 12 que había que se negó a recibir formación, que le fue ofrecida hasta en dos ocasiones, confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas. Asimismo, ambos han pedido su libre absolución en un juicio que se ha prolongado desde primera hora de la mañana hasta más allá de las 18.30 horas.

Por su parte, la Fiscalía ha modificado su petición inicial y ha elevado la pena solicitada de tres a cuatro años de prisión para cada uno, mientras que la acusación particular pide seis años para cada imputado. El Ministerio Público, no obstante, ha mantenido la indemnización conjunta solicitada, un total de 417.000 euros por las lesiones y secuelas que sufrió la víctima.

Además, pide el pago de los gastos médicos y farmacéuticos que acredite el trabajador accidentado y los asistenciales que reclame el Sespa, más los intereses, según el informe fiscal recogido por Europa Press.

A esto se suma la petición para ambos de la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión, oficio o cargo durante el tiempo de condena, así como el pago cada uno de una multa de diez meses con cuota diaria de 24 euros.

La Fiscalía considera que B.M.R., administrador único de la empresa, era la persona obligada a la adopción de medidas de seguridad, así como quien debía facilitar a los trabajadores medios de protección individuales y colectivos y formación en materia preventiva.

También aprecia delito en P.M.R., socio y jefe de equipo de la empresa, al ser quien impartía directamente las órdenes de trabajo, aún a sabiendas de que se carecía de medios de protección individuales y colectivos y de la correspondiente formación de los empleados a su cargo.

Según fuentes jurídicas, en el juicio el forense encargado de la evaluación del joven ha dictaminado que, pese a que tiene reconocida la incapacidad laboral absoluta, el problema que sufre es más un fallo psíquico que orgánico, y ha declarado que puede realizar trabajos compatibles con sus limitaciones.

Falta de medidas de prevención

Los hechos se remontan al 5 de mayo de 2008, sobre las 16.15 horas, en una nave almacén situada en la calle de Benjamín Frankling, en el polígono de Roces, en Gijón. El trabajador, que entonces tenía 26 años, cayó al vacío desde una altura de ocho metros cuando realizaba un cambio de unas placas de fibrocemento con amianto por otras sin este material.

Como consecuencia, el joven sufrió múltiples fracturas y heridas de las que precisó 46 días para curar, así como someterse a varias cirugías, tratamientos farmacológicos, fisioterapia y medicación múltiple durante 151 días.

La víctima tardó en curar 209 días impeditivos, aunque le quedaron como secuelas un trastorno postraumático de la personalidad, neuropatía óptica postraumática en ojo derecho, hundimiento del pómulo derecho, múltiples destrucciones coronarias dentarias, limitaciones en el movimiento de muñeca y codo, material osteosíntesis y varias cicatrices. Además, se prevé un daño futuro por la agravación de las secuelas tanto neurológicas como articulares. El joven fue declarado con incapacidad absoluta para todo trabajo.

En el escrito se hace hincapié en que no se había colocado en la cubierta pasarelas o planchas para el reparto de cargas que permitieran circular con seguridad. Asimismo, no había instaladas protecciones contras las caídas y la escalera sobresalía un peldaño o dos por encima del apoyo, además de estar sin sujetar. Tampoco el empleado había recibido formación ni información y ni siquiera tenía hecho el reconocimiento médico.

Por otro lado, pese a que la empresa tenía un Plan Genérico de Trabajo con Riesgo de Amianto, registrado en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, no lo estaban aplicando. La Fiscalía remarca que las placas antiguas que se retiraban se apilaban y amarraban para ser retiradas cuando hubiera que hacerlo de otra obra más.