El director del Centro Penitenciario de Valencia, Miguel Ángel Martínez, ha denunciado este lunes que existe una "desproporción manifiesta" entre el volumen de delitos en España y el volumen de población reclusa —a favor de éste último—, debido a las "numerosas reformas legislativas", que "cada vez castigan más conductas y con penas más rigurosas".

Martínez, que se ha pronunciado así durante las 'Jornadas sobre Modificación del Código Penal', organizadas por la sección de Abogados Penalistas del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), ha precisado que actualmente existen 76.513 reclusos en toda España, y que la ratio es aproximadamente de 165 reclusos por cada 100.000 habitantes, según ha informado el ICAV en un comunicado.

"Tenemos la tasa más alta de la Europa de los 15, mientras que somos el penúltimo país por la cola en cuanto a volumen de delitos", ha explicado el director del Centro Penitenciario de Valencia. "Esta desproporción se debe a varios factores, entre ellos las reformas legislativas, pero también al hecho de que los medios de comunicación se han especializado en el seguimiento de sucesos y dedican más tiempo a este tipo de información", ha apostillado.

En consecuencia, Martínez ha argumentado que "la sociedad acaba teniendo la percepción errónea de que existe un elevado volumen de delincuencia en España y se crea un injustificado sentimiento de inseguridad al que los políticos responden con un populismo punitivo".

En este sentido, el director del Centro Penitenciario de Valencia ha aseverado que, según datos de las encuestas de victimación realizadas en España, a pesar de que la tasa de delincuencia desde 1999 ha descendido ligeramente, el 90 por ciento de los ciudadanos encuestados sigue pensando que la delincuencia ha aumentado "mucho" o "bastante".

Martínez ha añadido que el incremento de la población reclusa tiene como consecuencia un aumento de los costes del sistema penitenciario, tanto en recursos para los centros existentes como en la creación de nuevos centros. "Por dar una idea de estos costes, el 50 por ciento de la oferta pública de empleo en España se dirige a cubrir puestos en instituciones penitenciarias, y sólo en el centro de Valencia se destina cerca de un millón de euros anuales a medicamentos", ha afirmado.

Reforma del código penal

El objetivo de las jornadas ha sido formar a los abogados en las novedades introducidas por la última reforma del Código Penal, que entrará en vigor a finales de diciembre. En ellas se han dado cita expertos en Derecho Penal como el Fiscal Especial Antidroga de Valencia, Luis Sanz, la magistrado de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia, Carolina Rius, el fiscal Coordinador de la Audiencia Provincial, Fernando Cabedo, y el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valencia, Valentín Bruno Ruiz, entre otros.

Los expertos han analizado los cambios que introduce la reforma en materia de delitos contra la salud pública así como en el capítulo de las penas, con especial atención a los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), pena a la que han sido condenadas ya más de 200.000 personas desde su introducción en el Código Penal.