El Consell ha enviado este lunes una nueva petición formal al Gobierno central para reunirse con el objetivo de acordar una "solución política definitiva" para los establecimientos de primera línea de playa afectados por la aplicación de la ley de Costas "antes del día 16", cuando una quincena de locales de la Malva-rosa (Valencia) deben retirar las terrazas que exceden la superficie máxima de 50 metros cuadrados que establece dicha norma.

Así lo ha señalado el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en declaraciones a los periodistas tras reunirse con la titular de Turisme, Belén Juste, y la comisión de Turismo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que les ha brindado su total apoyo para "intentar salvar" los chiringuitos de la Comunitat Valenciana.

Castellano ha lamentado haber recibido "la callada por respuesta" a la solicitud tramitada "hace 15 o 20 días" para mantener dicho encuentro con responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y ha confiado en poder reunirse "cuanto antes" para defender la situación de los chiringuitos valencianos "respaldados unánimemente por todas las fuerzas políticas de la Comunitat Valenciana".

Ha remarcado que "es una cuestión política" y "no debería haber mucha dificultad para alcanzar un acuerdo" a través del "diálogo", aunque ha advertido de que no descartan "ningún tipo de medida jurídica" en caso de no poder hacerlo. "Pero queremos pensar que se podrá llegar a un acuerdo, que es lo que quiere la Generalitat", ha insistido Castellano.

La Generalitat, que cuenta asimismo con el apoyo de la Comisión de Urbanismo de la FVMP y con la Confederación Empresarial de Hostelería de Valencia (Conhostur), mantiene sus peticiones de "aplicar una moratoria hasta que se llegue a una solución política para todos los establecimientos de la Comunitat" y lograr "el traspaso de competencias" en esta materia, que ostentan ya otras regiones, e incluso "modificar y clarificar" la Ley de Costas.

"igualdad" entre las ccaa

Castellano ha exigido "igualdad" entre todas las comunidades autónomas y ha recalcado que la Generalitat no va a "bajar la guardia ni a rebajar ninguna de las peticiones realizadas". "Lo que queremos es, desde la lealtad, el diálogo y el consenso institucional, llegar a un acuerdo para todos los establecimientos de la Comunitat y que no se vea perjudicado ni nuestro turismo, ni nuestro sector servicios, ni el empleo", ha sentenciado.

En la misma línea, ha reivindicado que "no se entiende que el Gobierno de España intente negociar local a local y playa a playa y que en otras comunidades las mismas políticas se apliquen de una manera más flexible y en la Comunitat Valenciana de una forma más estricta".

Por su parte, Juste ha reprobado la falta de respuesta por parte del Gobierno central y ha coincidido en que "no se puede entender que Zapatero opte por medidas que perjudiquen muchísimo al sector turístico de la Comunitat Valenciana, como es la demolición de los chiringuitos".

"Poniéndonos en el peor de los escenarios, si es necesario nos sentaremos antes del día 18 en el Ministerio para que nos reciban", ha agregado Juste, quien se ha mostrado convencida de que "habrá algún encuentro seguro". "Pero si no nos contestan ellos, iremos nosotros en busca de una solución", ha advertido.

La consellera de Turisme ha censurado que van "de sorpresa en sorpresa" porque, en el caso de la Malva-rosa, "quedaban dos años de tranquilidad con la actual moratoria para poder negociar".

"pronunciamiento expreso" de castro

Por su parte, la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, ha ratificado el apoyo unánime del municipalismo valenciano a la labor de la Generalitat para defender a los establecimientos de primera línea de playa y ha instado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, a que haga un "pronunciamiento expreso" sobre esta cuestión "para que también pueda apoyar este planteamiento realizado de manera unánime" por la FVMP. "Queremos ese mismo pronunciamiento en la FEMP", ha concluido.