Es la pena que solicita la Fiscalía por el caso Gomérez, en el que falleció un obrero ecuatoriano sin papeles, Guillermo Estalin, en una obra municipal en diciembre de 2004. Los funcionarios son el gerente de Urbanismo, un arquitecto municipal y el arquitecto jefe. También pide cárcel para un trabajador de la empresa que contrató al obrero fallecido, cuatro representantes de tres subcontratas y la responsable de seguridad. «Con su actitud contribuyeron a mantener la situación de riesgo con absoluto desprecio hacia la vida de los operarios», esgrime la Fiscalía.