El jurado popular ha declarado este viernes culpables a los dos agentes de la Guardia Civil acusados de cohecho al considerar probado que ambos recibieron de dos cajas de gambas valoradas en 300 euros a cambio de no informar a las autoridades aduaneras de la llegada al puerto de Carboneras (Almería) de un barco pesquero de bandera argelina con carga de marisco.

El fiscal, tras hacerse público el veredicto por mayoría de siete a dos, ha rebajado en un año la pena inicialmente solicitada de tres años de inhabilitación para los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aunque ha mantenido petición del pago de una multa de 500 euros para cada uno de ellos.

El jurado popular ha declarado, asimismo, culpable de cohecho por mayoría de ocho a uno al tercer procesado en la causa, el armador P.E.C., para quien el Ministerio Público ha interesado una pena de un año y medio de inhabilitación al ser considerado no autor sino cooperador necesario frente a los tres años pedidos en su escrito de calificación.

Los letrados que ejercen la defensa de ambos agentes de la Guardia Civil adscritos al Resguardo Fiscal del puerto de Carboneras, J.M.G.L. y J.S.G., y de P.E.C. han anunciado ante la sala que elevarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y pedirán el indulto para sus patrocinados.

La portavoz del jurado popular ha dado a conocer el veredicto, basado sobre todo en las intervenciones telefónicas que constituían la principal prueba de cargo de la Fiscalía, pasadas las 12,30 horas después de tres días de vista oral y tras un proceso de deliberación que se dio comienzo al mediodía de este jueves y se ha retomado esta mañana.

Declaraciones "contradictorias"

El jurado que J.M.L.G. incurrió en cohecho en virtud de las escuchas fechadas en 4 de enero de 2005, que reflejan una llamada entrante en la que se le advierte de la llegada al puerto de un pesquero de bandera argelina con mercancía, y el 9 de enero, cuando, según consta en el procedimiento, P.E.C. le llamó para decirle que el barco portaba 7 cajas de gambas de un valor de 200 euros cada una.

Ha primado, asimismo, en el veredicto de culpabilidad el testimonio "contradictorio" que prestó ante el tribunal durante la segunda jornada de juicio, ya que, en la intervención de su teléfono se le oye "reconocer" ante el armador también procesado que ha recibido las dos cajas de gambas y que las lleva en el coche.

En los mismos términos se ha pronunciado el jurado popular con respecto al agente J.S.G., de quien era superior el otro acusado, mientras que con respecto al armador ha considerado que existen pruebas de cargo suficientes para elevar la presunción de inocencia y estimar que actuó como cooperador necesario.

El fiscal sostiene en su escrito de calificación que los números J.M.L.G. y J.S.G., destinados en el puerto de Carboneras (Almería), "idearon de común acuerdo" con P.C.E., tomar en beneficio propio parte de la carga de un pesquero de bandera argelina bajo la amenaza de dar cuenta de su presencia en puerto y precintar la mercancía.

Según el relato del Ministerio Público, el 9 de enero de 2007 arribó al puerto el pesquero 'Sar Abadis' con una cantidad no determinada en su bodega de cajas de crustáceos que tacha de "susceptibles de ser vendidas fuera de los cauces reglamentarios en territorio español".

Escuchas telefónicas

Ese día, los agentes J.M.G.L. y J.S.G., destinados en el Resguardo Fiscal, acordaron, con "omisión de sus obligaciones", destaca, el plan a través del tercer acusado, P.E.C., si bien ellos declararon en juicio que acudieron al pesquero para comprobar la veracidad de una denuncia de este último, que afirmaba que se estaba vendiendo en instalaciones portuarios marisco de manera irregular

A las 12,10 horas del 10 de enero, continúa el fiscal, se personaron en el barco los dos guardias civiles acompañados de un mecánico empleado de P.E.C. y, "en lugar de cumplir con sus obligaciones", instaron a la tripulación del buque a que le entregasen dos cajas de gambas a cambio de no comunicar su presencia a las autoridades aduaneras y precintar la mercancía, un extremo que negaron los procesados ante el jurado.

Tras conseguir lo que pretendían, el empleado recogió las cajas y las transportó hasta una furgoneta propiedad del tercer acusado, de donde, poco después, fueron recogidas por los agentes, que se las repartieron entre ambos. Las intervenciones de las comunicaciones de los acusados, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera y que han constituido la principal prueba de cargo, se enmarcan en la operación 'Mamola' contra el narcotráfico desarrollada en 2005 y de la que son ajenos ambos guardias civiles.