La Audiencia de Valladolid condenó a una pena global de dos años de cárcel a un abogado con iniciales L.F.S.P. como autor de un delito de estafa y de otros dos de falsedad en documento oficial, ya que en 2006 recibió de un cliente el encargo de pleitear con una empresa automovilística y, pese a cobrarle 1.200 euros en concepto de provisión de fondos, ni siquiera llegó a interponer la demanda correspondiente y elaboró una sentencia haciendo creer a su patrocinado que había ganado el juicio.

En su fallo, la Sala, cuya condena es coincidente con la petición formulada por el Ministerio Fiscal, acordó imponer al letrado un año de cárcel por la estafa y otros seis meses por cada uno de los dos delitos de falsedad en documento oficial que considera probados, junto con una multa global de 3.600 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante el juicio, el ahora condenado, que padece un trastorno de ansiedad generalizado, alegó que en el momento de los hechos se encontraba bajo una situación de este tipo y de "pánico" y que, consciente de ello, trató de "no quedar mal" y de compensar al cliente con su propio dinero, algo que finalmente no pudo hacer.

Los hechos se remontan al mes de febrero de 2006, cuando el letrado recibió el encargo de presentar una reclamación en nombre de Ángel A.N.Ll. frente a BMW Ibérica S.A. y Automóviles Dohisa S.A. ya que no estaba conforme con una motocicleta que había adquirido.

A pesar de no haber presentado la oportuna demanda, el abogado obtuvo de su cliente 1.200 euros que el primero le pidió como provisión a cuenta de honorarios finales tras hacerle creer que eran para hacer frente a la provisión de fondos solicitada por el perito judicial nombrado en el procedimiento que supuestamente se estaba siguiendo a instancia suya.

Incluso para hacer creer al cliente que su reclamación había sido interpuesta en el juzgado, el abogado confeccionó y entregó al mismo un auto de admisión a trámite de la denuncia, supuestamente dictado el día 12 de abril de 2006 por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 5 de Valladolid, y luego una sentencia, de fecha 10 de abril de 2007, en la que se hacía constar que había ganado el pleito.