El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, reclamó este martes un esfuerzo "mayor" de todas las administraciones públicas para garantizar una prestación "digna" de los servicios locales con el fin de conseguir una equiparación en los mínimos prestacionales en todos los municipios de Castilla y León.

Amoedo, que presentó en un Pleno monográfico de las Cortes el Informe del Procurador del Común correspondiente al ejercicio 2009, insistió en esa "deficiente" prestación de determinados servicios públicos y se refirió a las múltiples quejas registradas en el ámbito municipal de Castilla y León sobre la falta de alumbrado público, las carencias en la limpieza viaria o de pavimentación, las irregularidades en el servicio de recogida de residuos urbanos y el abastecimiento de agua potable.

Dentro de este ámbito Amoedo recordó que son "habituales" las quejas relacionadas con la titularidad pública o privada de determinados espacios, algo que, como destacó, se acrecenta por la "incertidumbre" de los registros públicos y la "inactividad" de las autoridades locales.

La crisis también estuvo presente en parte del discurso del Procurador del Común, quien reconoció que, tras analizar las quejas, se ha detectado una reducción de la actividad urbanística en las administraciones municipales dada la situación económica actual. No obstante constató que los ayuntamientos no ejercen como órganos urbanísticos de control en perjuicio de los adquirientes de viviendas y residentes de las urbanizaciones.

Sobre este aspecto Amoedo abordó el papel de las diputaciones en materia de colaboración y asistencia a los ayuntamientos y concluyó que muchas entidades locales no ejercen sus competencias porque carecen de medios técnicos y económicos por su menor capacidad económica.

Sanidad y familia

Durante su intervención en el hemiciclo Amoedo recordó que muchas de las acciones de oficio iniciadas por la institución durante el pasado año tuvieron que ver con la atención sanitaria y se refirió, en concreto, a la falta de pediatras en zonas rurales, reproducción asistida, transporte sanitario o listas de espera.

En este sentido Amoedo recordó que la institución ha iniciado un expediente de oficio sobre la atención a los enfermos terminales y tres actuaciones sobre el abastecimiento de agua en su vertiente sanitaria o trastornos en el espectro autista.

Por su parte el pasado año se registraron quejas referidas a la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León, entre las que destacaron la solicitud de la agilización de la tramitación de los correspondientes procedimientos, la modificación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios establecidos en Castilla y León para abrir la posibilidad de compatibilidad el servicio de ayuda a domicilio y la prestación económica.

Una de las preocupaciones manifiestas por el Procurador del Común fue el consumo de alcohol en menores y concluyó que las acciones administrativas desarrolladas para hacer frente a este problema "no han sido suficiente", por lo que recordó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que potencien un esfuerzo para avanzar en la progresiva erradicación de este problema mediante al adopción de medidas como el incremento y mejora de las campañas de información y concienciación sobre los riesgos.

Función pública

El Procurador del Común registró durante el pasado año 247 quejas referidas, en su mayoría, a procedimientos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajos. Así, los ciudadanos denunciaron la vulneración del principio de especialización de los tribunales, de igualdad, mérito y capacidad así como "graves errores" de los tribunales calificadores.

Amoedo destacó que las resoluciones dictadas por la institución sobre esta materia no fueron aceptadas por las administraciones correspondientes y recordó que actualmente algunas de estas quejas están pendientes de resolución en procedimientos penales y contencioso administrativo.

En materia de educación muchas de las quejas se refirieron a los servicios de transporte y comedor, aunque Amoedo incidió especialmente en los riesgos del uso de las nuevas tecnologías para los menores inmersos en el sistema educativo, por lo que solicitó en 2009 a la Consejería de Educación que mantuviera e incrementara las líneas de actuación dirigidas a evitar determinadas situaciones relacionadas con su uso.

Colaboración de administraciones

Al inicio de su intervención Amoedo se refirió a la colaboración de las administraciones con el Procurador del Común y aseguró que, sobre este aspecto, su opinión será negativa hasta que no se de respuesta a la totalidad de las peticiones y resoluciones llevadas a efecto por la institución, ya que, como avanzó, en determinadas ocasiones los requerimientos se tuvieron que realizar hasta tres veces.

Así recordó que el pasado año se solicitaron a la Administración Autonómica 622 informes y se recibieron 605 y a la administración local 1.158 y se recibieron 1.088. En concreto se archivaron por falta de información de la administración 24 expedientes, todos ellos de los ayuntamientos, mientras que por falta de respuesta a la resolución se archivaron cuatro de la Administración autonómica y 50 de la local.

Finalmente, Javier Amoedo reiteró la necesidad de acometer una modificación de la Ley que regula la institución para adaptarla a nuevo marco estatutario y recordó que ya se ha remitido una propuesta a los distintos grupos parlamentarios.

En cuanto al edificio que albergará al Procurador del Común en León, Amoedo destacó que "va como un tiro" y avanzó que previsiblemente podrá estar concluido el próximo mes de marzo.