Los alcaldes de Cerceda y As Pontes, los socialistas José García Liñares y Valentín González, han vuelto a reclamar al Ejecutivo central medidas "compensatorias" para las térmicas gallegas por el "impacto socioeconómico" que tendrá en Galicia el decreto del carbón. Así se lo han trasladado también a la Unión Europea, a la que han pedido su apoyo en una reunión en Bruselas.

En declaraciones a Europa Press, ambos regidores, que se han reunido con el director de la Unidad de Ayudas de Estado en el sector de energía de la Comisión Europea, Eric Van Ginderachter, han trasladado su "impresión" de que la Unión Europea aprobará el decreto previsiblemente este miércoles, después de que tras este encuentro se les confirmase la inclusión de este asunto en el orden del día de la comisión.

El alcalde de As Pontes, Valentín González, ha manifestado que en el encuentro han dejado "muy claro" el impacto socioeconómico del decreto del carbón en las centrales térmicas de Meirama y As Pontes y ha precisado que han solicitado que la UE respalde medidas que "beneficien a Galicia".

Desde la Unión Europea, se les ha trasladado, no obstante, que las posibles "medidas compensatorias" deben partir del propio Gobierno español. Por ello, al término de la reunión, ambos regidores han reclamado de nuevo "mecanismos" que garanticen la actividad de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

"concrecion" en las medidas

Al respecto, el alcalde de As Pontes se ha mostrado convencido de que el Ministerio de Industria no dejará "tiradas" a ambas centrales, pero ha exigido "concreción" en cuanto a las posibles medidas "porque nos jugamos mucho", ha advertido.

Por su parte, el regidor de Cerceda, José García Liñares, ha criticado que las centrales gallegas queden "fuera" del decreto pese estar incluidas en el Plan de Minería del Carbón. Por ello, ha propuesto su inclusión en el decreto o que estas dos centrales "figuren como sustitutas de la energía eólica cuando no haya viento", ha apuntado en los casos en que la producción no sea suficiente.

Según las centrales sindicales, la aplicación del decreto supondría el cese de la actividad de las dos térmicas gallegas como mínimo hasta 2014 y la pérdida de hasta 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

A Bruselas también ha acudido el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, para trasladar la postura de la Xunta ante los "negativos efectos" que tendrá para la comunidad la entrada en vigor del decreto que prima el consumo de carbón nacional.

La Xunta alerta de que el visto bueno a esta reglamentación por parte de la Comisión supondría el paro de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes y la drástica reducción de los ciclos combinados, con un impacto global sobre el empleo directo y asociado a su actividad que afectaría a más de 3.500 personas, y un impacto económico cifrado en más de 1.200 millones de euros. En este escenario, el departamento que dirige Javier Guerra ha prometido emplear "todas las herramientas jurídicas" a su alcance para defender los intereses de Galicia.