UGT en Castilla y León ha recurrido hoy "por abusivos y faltos de motivación" los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta, ha amenazado con la posibilidad de denunciar a ambas administraciones por la vía penal y ha acusado a la segunda de ellas de "premeditación" por haber retrasado de forma intencionada la publicación en el Bocyl del decreto correspondiente con el fin de dificultar a los sindicatos la impugnación de dichos servicios.

Los recursos, uno de ellos contra todos los servicios mínimos del Ayuntamiento de la capital, en especial contra los "escandalosos y absurdos" decretados para el de grúas, y otros tres dirigidos contra la Junta en lo relativo a servicios generales esenciales, empresas privadas, transportes y enseñanza dependientes de esta administración, fueron presentados en persona por el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, y por Francisco Ferreira, uno de los asesores jurídicos de la organización sindical.

Una vez cumplimentado el trámite ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en la calle Angustias de Valladolid, el máximo responsable de UGT en la Comunidad ha explicado que los servicios recurridos conculcan el artículo 28.2 de la Constitución que garantiza el derecho a la huelga, de ahí que el sindicato haya solicitado la suspensión cautelar de los mismos.

Sin embargo, Prieto, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido la premura de tiempo con la que tendrán que trabajar los magistrados y, al igual que el letrado Francisco Ferreira, no ha descartado que el fallo del TSJCyL llegue ya tarde, lo que privaría a la resolución de cualquier efectividad.

En este sentido, el sindicalista ha responsabilizado de ello a la Junta de Castilla y León tras recordar que el decreto que establecía los servicios mínimos fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado jueves y el mismo, en lugar de salir al día siguiente en el Bocyl, no fue publicado hasta este lunes. "Constituye una premeditación muy estudiada de la Junta para no darnos margen a presentar recurso", ha incidido el líder de UGT en la Comunidad.

Al respecto, y ante la posibilidad de que los recursos sean resueltos a posteriori de la huelga, el letrado Francisco Ferreira ha justificado su presentación en que "no por ello el sindicato va a dejar de recurrir lo que considera ilegal", al tiempo que, junto con Agustín Prieto, no ha descartado denunciar a alguna administración por la vía penal una vez que se conozcan las sentencias y éstas sean favorables a los intereses de la organización.

En cuanto a los piquetes informativos, el secretario regional de UGT ha explicado que esta tarde está previsto un encuentro con CC.OO. al objeto de definir la distribución y acciones a desplegar por los entre 1.500 y 2.000 efectivos que los integrarán y que tendrán como primordial objetivo recorrer el mayor número de Pymes.

"Con esos piquetes, que son constitucionales, queremos garantizar que todos los trabajadores que quieran puedan ir a la huelga, en especial los de las pequeñas y medianas empresas, en las que hemos detectado una presión que no existe en las grandes ya que en estas últimas los sindicatos cuentan con gran representación", ha puntualizado Prieto, quien ha avanzado que, con toda seguridad, la acción de los piquetes se dejará notar en Auvasa, donde, a su entender, se han establecido también unos servicios mínimos "abusivos".