La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha anunciado que el Gobierno regional destinará el 80 por ciento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia para el año 2011 a políticas de bienestar social.

En una rueda de prensa, García confirmó así las declaraciones del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, quien ha asegurado que el Presupuesto de la Comunidad para el 2011 "no incluirá recortes sociales ni aumento de la presión fiscal".

García afirmó que los presupuestos van a ser "complicados" porque llegan en un momento "complicado y, en una situación de crisis, en la que los ingresos han bajado por la falta de actividad económica, lo que tiene su reflejo en los presupuestos".

No obstante, ratificó que el Gobierno regional "tiene que estar con los que más nos necesitan y no podemos recortar en política social, precisamente, porque son las comunidades las que tienen el gasto transferido y son las que están más cercano al ciudadano".

Presupuestos generales del estado "opacos"

García también se refirió al anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados por el Gobierno central el pasado viernes y que, a su parecer, reflejan "una vez más, negro sobre blanco, las grandes mentiras del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que tiene su impacto en las comunidades autónomas".

La consejera explicó que el sistema de financiación de las comunidades autónomas tenía tres años de implementación, de forma que en el primer año se implementaba el 60 por ciento, el segundo año el 80 por ciento, y el tercer año iba a entrar en vigor el 100 por ciento.

"Se supone que el 2011 era el año de plena entrada en vigor del modelo, con los 11.000 millones de euros más que se ponían para las comunidades", según la consejera. Sin embargo, criticó que "no sólo no se ponen esos 11.000 millones de euros sobre la mesa, sino que hay 25.500 millones de euros menos".

Se trata, en su opinión, de la primera "gran mentira" del Gobierno central, y explicó que, de los 25.500 millones de euros menos que habrá, 20.000 "se deben a la inexistente política económica de Zapatero, que ha visto cómo se ha ido toda la actividad económica y se han caído los ingresos a pesar de que suben los impuestos".

Por otra parte, indicó que el Gobierno central va a modificar el modelo de financiación, de forma que "eliminan una parte de los anticipos que tendrían que comunicar con antelación a las comunidades autónomas para transferirlos y para que cada comunidad pueda elaborar sus presupuestos para 2011".

Se trata de los anticipos correspondientes al fondo de convergencia, que supondrían 5.500 millones de euros para todas las comunidades, 211 de los cuales serían de la Comunidad Autónoma de Murcia", según García, quien confirmó que el Gobierno regional "los va a recurrir por inconstitucionales, como no puede ser de otra manera".

En su opinión, la segunda de las "grandes mentiras" es que el Gobierno central "dice que los PGE van a ser sociales pero, en primer lugar, suben los impuestos a todos los ciudadanos, y mucho más a los que menos tienen, porque las subidas vienen de la parte del IVA".

Esto se une "a una subida de la luz, por lo que nos encontramos con que disminuye el poder adquisitivo del ciudadano y baja la renta disponible, lo que cada ciudadano tiene en el bolsillo para gastar", remarcó.

"Esto implica que no se van a cumplir sus previsiones económicas, que sería la tercera de las grandes mentiras", subrayó.

La consejera dijo que las previsiones "indican que va a subir el consumo y que, por tanto, vamos a crecer en 2011, pero es difícil crecer en el consumo cuando están aumentando los impuestos, disminuye la renta disponible, bajan el sueldo a los funcionarios, congelan las pensiones, y son profundamente antisociales".

Por todo ello, concluyó que los PGE son unos presupuestos "desastrosos, muy opacos y que están en transición, porque, de momento, nos va a costar a todos los españoles 472 millones un año más de legislatura de Zapatero, porque tiene que comprar al PNV para que le dé su respaldo en el Congreso".

No obstante, García reconoció que lo que "más preocupa", es el "principio de la ruptura de la 'caja única', que es lo que le queda al Estado para reequilibrar y cumplir el mandato constitucional de que todos somos iguales ante la Ley".