La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha dado cuenta este lunes en su consejo de administración de los últimos acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, que recientemente modificaba los estatutos de la empresa para permitir que este órgano de gobierno funcione con nueve consejeros, sin que rija la paridad entre concejales y técnicos que había fijada para la representación municipal. Durante la sesión, también se ha dado cuenta de los relevos consumados entre los propios miembros del consejo de gobierno, entre los que figura la marcha del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), quien ocupaba la Vicepresidencia de esta compañía.

Fuentes municipales informaron a Europa Press de que el consejo de administración se ha reunido, brevemente, para tomar conocimiento y aceptar los acuerdos adoptados en el seno de la junta general de accionistas, sin que haya sido analizado ningún otro aspecto. La última sesión de la junta de accionistas de la sociedad mixta, celebrada el lunes de la anterior semana, había acordado con el voto favorable de los representantes del Ayuntamiento y de la sociedad estatal Mercasa, pero el voto contrario de la asociación de mayoristas de fruta, una modificación del artículo 25 de los estatutos de la empresa. Este artículo estipulaba que en el consejo de administración, la representación del Consistorio, —máximo accionista con el 51 por ciento del capital social—, habría de estar sujeta a una paridad entre concejales y técnicos.

La modificación de este artículo de los estatutos aprobada por la junta general de accionistas, para más detalle, introduce en el texto una cláusula que configura la representación municipal en el consejo de administración con tres técnicos y dos concejales. A tal efecto, fueron consumados igualmente varios relevos en la representación del Ayuntamiento en dicho órgano de gobierno. En concreto, el hasta entonces vicepresidente de la empresa y concejal de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), abandonaba la empresa y era relevado por la concejal socialista Teresa Florido, mientras la directiva de la Agrupación de Interés Económico (AIE) María Luisa García fue relevada por Juana Martínez, adscrita al área del primer teniente de alcalde.

El pp,

Sin representación en la empresa

La junta general de accionistas, como se recordará, había aprobado ya anteriormente reducir de 23 a nueve los miembros del consejo de administración, extremo que supuso la desaparición del PP, —única fuerza de oposición del Ayuntamiento hispalense—, de los órganos de gobierno de esta compañía investigada por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, la presunta venta irregular de los suelos del mercado central y un posible delito societario.

El portavoz adjunto del Grupo popular del Ayuntamiento hispalense y ya ex consejero de la sociedad mixta, Beltrán Pérez, había advertido, de su lado, de que la reforma inicial aprobada por la junta de accionistas sobre la composición del consejo contravenía los propios estatutos de Mercasevilla. Según el concejal popular, el artículo 25 de los estatutos establecía que la representación del Ayuntamiento en el consejo de administración debía estar sujeta a una "paridad" entre ediles y técnicos, toda vez que, en el caso de la configuración entonces escogida, al quedar en número impar los representantes del Consistorio, serían dos los concejales y tres los técnicos.

"despolitización" de la empresa

El concejal socialista y presidente del consejo de administración, Alfonso Mir, ha insistido en defender como "positivos" los acuerdos adoptados en el seno de la junta general de accionistas, según declaraciones recogidas por Europa Press. Para Mir, estos acuerdos "ratifican" la decisión anunciada por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y el Gobierno municipal en cuanto a una "despolitización" de los órganos de gobierno de la compañía, sometida a la mencionada investigación judicial y cuyas cuentas de 2009 arrojan pérdidas por valor de 4.123.666 euros sin contar con un pasivo de más de nueve millones de euros correspondiente a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.