El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), ha anunciado que el Ayuntamiento hispalense atenderá a las peticiones elevadas por colectivos cívicos respecto al futuro plan especial de ordenación viaria del casco histórico de la ciudad, en el sentido de que en el periodo entre la entrada en vigor de éste —en torno al 15 de octubre— y la aplicación del Plan de Tráfico de Navidad los infractores serán únicamente advertidos, y no sancionados.

En rueda de prensa, Sánchez Monteseirín ha explicado que, en el afán de aplicar el plan "con sentido común", ha mantenido este viernes un encuentro con representantes vecinales y de los consumidores en el cual éstos le han expuesto su deseo de apostar por "una forma de implantación más flexible", tras lo cual se ha acordado esta concreción respecto a un proyecto que queda validado con la aprobación de la modificación de la ordenanza de peatones y ciclistas llevada a cabo en el Pleno ordinario, y que entrará en vigor tras su publicación en boletín oficial.

Así, los que realicen algún tipo de infracción serán advertidos mediante comunicación escrita, pero sin que ello suponga ninguna clase de multa hasta el Plan de Navidad, tras el Puente de la Inmaculada, puesto que, como ha expuesto Monteseirín, algunos años se ha adelantado por las necesidades de la actividad económica, "aunque no creo que este año sea así".

"Hay un compromiso de participar activamente para la puesta en marcha del plan por un centro más habitable", ha añadido el primer edil hispalense, recalcando la "sensibilidad" que la corporación local pretende mostrar con esta medida. Asimismo, ha apostillado, se creará una Comisión de Seguimiento con expertos de las distintas entidades para su mejor funcionamiento, así como una "intensa" campaña informativa.

En lo tocante a la sesión plenaria, y tras la exposición inicial del gobierno, la oposición, por boca del concejal del PP Maximiliano Vílchez, ha expuesto su voto en contra apelando a las dificultades de acceso que el plan supondrá para los 58.000 habitantes del casco histórico, de los cuales el 20 por ciento, unos 11.600, son mayores de 65 años, para los cuales "si les ponemos dificultades para que sus amigos y parientes los visiten no les estamos prestando ninguna ayuda".

Vílchez, que ha rechazado que en ciudades gobernadas por el PP se lleve a cabo esta medida, ha defendido que en calles del centro como Águilas o el entorno de la Alameda "no se soporta tanto tráfico como en otras como Manuel Siurot o la barriada de Bami", añadiendo que el plan "provocará que en el centro se dé un colapso en el comercio y las pequeñas empresas". De hecho, según los populares, entre 2009 y 2010 han desaparecido del centro más de 82 empresas, lo que supone, como mínimo, la destrucción de 1.006 empleos. Por último, el edil popular ha aludido a la "importante inseguridad jurídica" de la iniciativa, la "discriminación" y el "claro afán recaudatorio", ya que "las acreditaciones se condicionan al hecho de que estén al corriente en el pago de impuestos".

Mientras el portavoz adjunto de IU, José Manuel García, ha elevado reproches al PP por sus argumentaciones —línea continuada tras la votación por el portavoz municipal de la federación, Antonio Rodrigo Torrijos—, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), ha acusado a la oposición de negar la autonomía local para regular el tráfico, pues "la competencia de la ordenación de la movilidad corresponde al Pleno del Ayuntamiento".

Fernández, que ha invitado al PP a recurrir el plan ante el Tribunal Constitucional, justificó también que la escasez de parkings en superficie hace que se dé un "cierto tránsito de búsqueda de aparcamientos que reduce el viario de la ciudad", y que, en lo que respecta al proyecto de regulación, el centro "no se cierra a nadie", respondiendo al portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, que había calificado anteriormente el plan de "prohibición muy importante", recordando que "es para todos" y que la peatonalización debe hacerse "desde la libertad" y con alternativas.