El Partido Socialista ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber dejado de ejecutar en la última década un total de 2.038 millones de euros que, a pesar de haber presupuestado, no ha llevado a cabo finalmente. Así se desprende de un estudio realizado por el Grupo Parlamentario Socialista sobre los presupuestos regionales y la ejecución presupuestaria que ha sido elaborado con información de respuestas parlamentarias.

Según ha manifestado la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Redondo, este informe pone de manifiesto las "enormes diferencias" entre los presupuestos aprobados en las Cortes regionales y su posterior ejecución además de la gestión ineficiente de la Junta de sus propias cuentas al dejar cada año "mucho dinero en el cajón", con especial importancia en estos momentos de crisis.

Tras reconocer que cuando quiere la Junta ejecuta bien sus presupuestos, como ocurrió, según ha admitido, en el ejercicio de 2001 cuando la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado fue de 17 millones de euros, Redondo ha lamentado que esas diferencias se hayan disparado radicalmente en años de crisis, como 2009 cuando las consejerías dejaron de ejecutar 318 millones de euros —según sus cálculos, en 2010 esta cifra alcanzará los 400 millones de euros—.

Según ha advertido Redondo, el balance de las empresas públicas, a las que se ha referido como "la trampa del presupuesto", es "todavía peor" ya que la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado alcanzó en 2009 los 276 millones de euros "nada más y nada menos" —Redondo considera que en 2010 se superarán los 300 millones de euros—.

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, esas diferencias no se deben a un fallo o a un error del sistema puesto que, según ha reconocido, ha habido ejercicios económicos, como 2004, en los que hubo una aproximación real entre lo presupuestado y lo ejecutado por esas empresas públicas. A su juicio, esas diferencias se deben más a una voluntad de la Junta de "maquillar el presupuesto" por lo que ha exigido que la gestión del grueso de las cuentas regionales se lleve a cabo a través de las consejerías.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz socialista de Hacienda en las Cortes de Castilla y León, Pascual Fernández, quien, tras calificar de "escandaloso" que las empresas públicas ejecuten la mitad de lo que presupuestan, ha considerado que en los dos últimos años ha habido "mucho de engaño" por parte de la Junta al utilizar estas figuras para poder presentar mejores presupuestos.

Desequilibrios territoriales

Según Ana Redondo, otro de los 'debes' de la ejecución presupuestaria de la Junta son los "importantísimos desequilibrios territoriales" que ha generado con sus inversiones en provincias como León, donde ha dejado de invertir "la friolera" de 563 millones de euros.

Para la socialista, la segunda provincia peor tratada por la Junta en su ejecución presupuestaria ha sido Salamanca, donde se han dejado de invertir en la última década más de 246 millones de euros. El tercer puesto en volumen bruto lo ocupa Burgos, donde la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en la última década alcanza los 230 millones de euros, mientras que en Zamora se han dejado de ejecutar 218 millones de euros.

En el resto de las provincias y según este estudio del PSOE, las diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado alcanzan los 210 millones de euros en Soria, 179 millones en Segovia, 177 millones de euros en Ávila, 163 millones en Palencia y 47 millones en Valladolid, que ocupa el último lugar, según Redondo, porque es "el escaparate" de la Junta.

Redondo ha lamentado la falta de un verdadero esfuerzo por parte de la Junta en lograr un equilibrio territorial en Castilla y León, en lo que ha considerado un caso de "desidia presupuestaria" para el que ha reclamado un mayor empuje en las provincias menos desarrolladas.

Tras poner de manifiesto la "falta de transparencia" en los datos y la "falta de agilidad en la dación de cuentas", Redondo ha acusado a la Junta de no informar sobre estas cifras en tiempo y forma, lo que impide a los socialistas hacer una crítica rigurosa del gasto. "La calidad democrática también se cuantifica en la transparencia presupuestaria", ha defendido la portavoz parlamentaria del PSOE.

Pascual Fernández ha lamentado por su parte que la Junta de Castilla y León critique continuamente al Gobierno de la nación por las desinversiones en la Comunidad Autónoma cuando "su práctica habitual es vender inversiones más elevadas de las que hace".