Las organizaciones sindicales UGT y CCOO denuncian las "presiones y coacciones" que están recibiendo trabajadores en algunas empresas para que no se ejercite el derecho de huelga y evitar que se secunde la del 29 de septiembre con amenazas de despido, pérdidas salariales o extrasalariales de hasta 200 euros por una sola jornada e incluso con la imposibilidad de promocionarse en la empresa. Asimismo critican la "imposición" de los servicios mínimos de la Comunidad Autónoma, que tachan de "abusivos".

Se trata, añadieron, "de una manera de coartar el ejercicio del derecho de huelga. Todas estas conductas y posturas son ilegales, cobardes y atentan contra un derecho reconocido en la Constitución".

Alarmados por el creciente número de trabajadores que denuncian estas presiones e "intromisiones ilegítimas" con frases como 'El que quiera hacer la huelga que la haga para siempre o no te molestes en volver', los servicios jurídicos de CCOO y UGT han elaborado un modelo de reclamación de denuncia a disposición de todos los trabajadores para elevar "esta merma de un derecho fundamental" a la Inspección de Trabajo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Juzgados de Guardia.

En este sentido, señaló el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, "los mismos señores de la CEOE que hace unos días insinuaban que los piquetes informativos podrían llegar a desbordarse en su competido son los mismos que no han tenido en cuenta, ni quieren entender, que con cierta frecuencia se produce y se ejerce ese impedimento del ejercicio del derecho de huelga en algunas de sus propias empresas".

Sobre "la imposición abusiva" de los servicios mínimos por parte de la Comunidad Autónoma, Jiménez recuerda que "los trabajadores tenemos derecho a la implantación pactada de unos servicios" y que lo han intentado, pero "nos estamos encontrando con frecuencia con unos servicios preestablecidos y puestos en papel de Boletín Oficial" frente a unos servicios mínimos, señaló el secretario general de CCOO, Daniel Bueno, "pactados entre Gobierno y sindicatos y que son motivo de alegría y de garantía del derecho de huelga".

De hecho, sólo los servicios mínimos del IMAS "son asequibles y equilibrados", es lamentable, dice, "la situación por ejemplo del Servicio Murciano de Salud". Así han impugnado los servicios establecidos por la Comunidad porque, explican los sindicalistas, "estamos dispuestos a que todos los servicios sean pactados y razonados, garantizando el derecho al trabajo así como al de huelga, pero de la misma manera exigimos a las administraciones el ejercicio de una buena fe en la negociación de los mismos. Cosa que no ocurre".

Presentan dos denuncias

Jiménez recordó de esta forma que "sólo han de mantenerse los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas para el mantenimiento de los locales, maquinarias, materias primas, y aquellos que fueran precisos para la reanudación de las tareas del proceso productivo". "En ningún caso vamos a permitir que se utilice abusivamente la fijación de los servicios mínimos para anular el derecho fundamental de la huelga", apostilló.

Por su parte, el secretario general de CCOO anunció que los sindicatos han presentado a la Comunidad de Murcia dos denuncias —una referida al Servicio Murciano de Salud y otra al resto de servicios generales de la Comunidad— exigiendo la suspensión de los servicios mínimos.

Aún, señaló, está pendiente negociar los servicios mínimos que afectan a las empresas privadas que prestan servicio o tienen concesiones administrativas como el transporte de viajeros en líneas regulares o el transporte escolar, "donde se pretenden unos servicios mínimos de entre el 50 y el 100 por cien". No tiene sentido, apuntó, "pues se pretende dar la sensación de que la huelga no va a ser el éxito que será".

Tras lo que Daniel Bueno manifestó que habrá "normalidad" en el ejercicio del derecho de huelga "pese a algunos desarmados que pretenden hacer un piquete anti-huelga", al tiempo que aclaró que una jornada de huelga supone en un salario de mil euros entre unos 60 y 80 euros en la nómina del mes siguiente.

A su parecer, "se empieza a vislumbrar que la huelga va a ser un éxito y que Gobierno tendrá que rectificar sus ineficaces políticas económicas y sociales".

Finalmente, las organizaciones sindicales comunicaron que en el ámbito del transporte y de las empresas privadas pedirán a los trabajadores de éstas que "no secunden" los servicios mínimos en caso de que "se intente que estos servicios sean de aparente normalidad para impedir la visualización de que los trabajadores de esta Región están de huelga".