El sindicato CSI-F no se suma a la huelga general del 29 de septiembre porque considera que, tras el "gran quebranto económico" sufrido por los empleados públicos a raíz del 'decretazo' y la "precaria situación" que sufren los trabajadores de este país, "no procede pedir un esfuerzo adicional a los asalariados".

En un comunicado, CSI-F se ha reafirmado en la "injusticia social" del Decreto Ley 8/2010, una reforma laboral "no negociada, involutiva y ventajista" en la que "un Gobierno de izquierdas se pone de parte de los poderosos para recortar derechos y disminuir ingresos a los trabajadores".

"Mientras se amenaza con subir impuestos para seguir gastando en sueldos superfluos de miles de asesores que no han servido para nada, siguen manteniendo organismos y empresas públicas deficitarias perfectamente prescindibles y manteniendo duplicidades y superposiciones en las distintas administraciones que sólo favorecen el nepotismo y el seguidismo político", ha criticado.

En este sentido, CSI-F ha advertido que "denunciará de forma continuada y contundente este abuso y esta política antilaboral", utilizando todos los medios a su alcance y lo hará contando con el apoyo de sus afiliados, simpatizantes y trabajadores en general, pero evitando medidas que supongan una nueva pérdida económica en las "maltrechas economías de los asalariados".

Al respecto, CSI-F está convencido que todos estos cambios y este "esfuerzo impuesto a los trabajadores" no servirá para resolver el problema del paro ni el de la deuda sino sólo "para generar más inestabilidad jurídica y laboral, más precariedad y más pobreza en las clases trabajadoras y una gran pérdida de confianza general, saliendo beneficiadas únicamente la casta política y las clases privilegiadas".

El sindicato considera que la sociedad española está atravesando una crisis "de extrema gravedad", que en este país se ve agravada por la "continua negación de la realidad y la errática política del Gobierno de España, que ha impedido tomar las medidas para afrontar la crisis, haciendo recaer los costes de la misma sobre los trabajadores tanto del sector público como del privado y sobre los pensionistas, que en ningún caso tienen responsabilidad sobre la misma y por el contrario, los causantes de la crisis no solo salen impunes sino que reciben todo tipo de ayudas públicas".