El presidente del Partido Popular (PP) de Huesca y portavoz de Obras Públicas en las Cortes de Aragón, Antonio Torres, ha criticado la inexistencia de documentos que, por escrito, garanticen la continuidad de las obras de la autovía Lérida-Huesca-Pamplona, que ejecuta en la provincia altoaragonesa el Ministerio de Fomento. Una situación que repercute en las empresas adjudicatarias que no saben si deben o no continuar.

Las medidas de ajuste del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaron, en un primer momento, a recortar las inversiones destinadas a las obras de construcción de la autovía. Posteriormente, el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, el oscense Víctor Morlán, se reunía con empresarios y alcaldes afectados por la paralización de las infraestructuras y el día 6 de agosto se anunciaba la continuación de las obras.

A pesar de este anuncio, Torres que achaca al Gobierno central una "improvisación total" ha asegurado que las empresas adjudicatarias de las obras "están llevando a cabo trabajos mínimos de mantenimiento", ya que no cuentan con "ningún documento que por escrito les garantice que van a seguir las obras". Como prueba irrefutable de su argumento ha manifestado que "en Monrepós se están tabicando las entradas de los túneles", por lo que ha dicho que "eso no es señal de que vayan a trabajar".

El representante del PP ha apuntado que "estamos todos esperando algo, empezando por los trabajadores de las empresas que se han ido a sus casas y por los empresarios adjudicatarios de las obras que no saben si tienen que parar o seguir". Una posición muy complicada, ya que Antonio Torres se ha preguntado "quién es en esta situación responsable del mantenimiento o de la seguridad vial de los tramos en obras".

Torres ha trasladado que se está a la espera del borrador de los presupuestos de 2011, pero en su opinión "las noticias de las comparecencias de este verano del Ministro en el Congreso y Senado no son nada satisfactorias y poco tienen que ver con lo que dijo Morlán el 6 de agosto en Huesca para calmar los ánimos de agentes sociales y alcaldes".