El Govern se personará como acusación particular en el caso Playa Sol, cuyo administrador, Fernando Ferré, ingresó en prisión el pasado 3 de junio después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dictara un auto de prisión provisional sin fianza, atendiendo de esta forma a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción.

Ferré, quien salió de prisión el pasado 1 de julio, está acusado de un delito de fraude fiscal por un importe de 14,5 millones de euros. Al empresario se le imputan también los presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y delito contra los derechos de los trabajadores, por haber sometido a sus empleados a condiciones laborales ilegales.

El empresario Fernando Ferré Cardó administraba la cadena hotelera Grupo Playa Sol (GPS) hasta su entrada en la prisión de Ibiza, tras lo cual el juez nombró a un administrador para que se hiciera cargo de la cadena hotelera, la mayor de las Pitiusas con 58 hoteles y unas 17.000 camas, alrededor del 20% de las plazas turísticas de la isla.

Tras su salida de la cárcel, el magistrado le prohibió acercarse hasta sus empresas o ponerse en contacto con sus responsables.

La detención y posterior encarcelamiento de Ferré se produjo a raíz de la puesta en marcha de la 'Operación Trueno', destapada por la Agencia Tributaria y en la que también trabajaron la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Las investigaciones apuntan a que adquirió en los últimos años entre 30 y 50 hoteles por varias partes del mundo, así como el 14% de la planta hotelera ibicenca, con dinero "ilícito". La operación policial constató que el hotelero catalán no ha declarado impuestos en los últimos cinco años, pese a estar vinculado a un entramado empresarial integrado por 300 sociedades y administrar un patrimonio hotelero valorado en más de 600 millones de euros.

La Agencia Tributaria inició la investigación hace dos años al detectar un supuesto fraude fiscal, por lo que solicitó la colaboración de la Policía Nacional. Posteriormente, en el marco de estas pesquisas, aparecieron unos supuestos delitos de blanqueo y falsedad documental.