Murcia dice que "las deficiencias de la ley se deben a la improvisación del Ejecutivo central"

Desciende el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la Región del 10% en 2009 respecto al año anterior

La consejera de Sanidad y Consumo, María Ángeles Palacios, ha afirmado este miércoles, durante su comparecencia en la Asamblea Regional para informar sobre la aplicación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como de los reales decretos de desarrollo, que "las deficiencias de dicha ley son fruto de la improvisación del Ejecutivo central".

Y es que, a juicio de Palacios, "es un texto complejo y su puesta en marcha habría precisado más tiempo y dedicación para las distintas comunidades".

Por tanto, ha asegurado que se trata de un ley que "refleja la falta de comunicación entre las autonomías y el Gobierno de España", por lo que ha mostrado su desacuerdo con el hecho de que "este tema nunca ha sido objeto de análisis en ninguno de los Consejos Interterritoriales del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrados a lo largo del año para abordar diferentes asuntos con los responsables sanitarios de las 17 autonomías".

La ley del aborto, según Palacios, "infringe" el artículo 15 de la Constitución Española, en el que se reconoce que todos tienen derecho a la vida, así como el derecho de los padres a formar, educar o estar junto a sus hijos en un momento que puede ser "muy traumático".

Por ello, ha insistido en que "bajo ningún concepto se puede contemplar el aborto como un método anticonceptivo, ya que es una agresión contra la vida humana".

Asimismo, ha hecho referencia al informe del Consejo de Estado sobre los reales decretos que desarrollan la ley del aborto y que es "especialmente" crítico con la actitud mostrada por el Gobierno de España, al "impulsar una nueva norma sin evaluar el impacto económico que tendrá para las regiones que deben cumplirla". De este modo, los resultados desprendidos del informe aluden al "aumento potencial" de la actividad sanitaria en el ámbito público y privado.

La ejecución de esta "improvisada" normativa, según la titular de Sanidad, pone sobre la mesa un dinero "a priori" no presupuestado para las comunidades y "su aplicación supondrá un coste adicional desorbitado para el SNS de 50 millones de euros, que tendrán que salir del bolsillo de todos los contribuyentes".

Esta situación, argumenta, ha provocado el "rechazo" de responsables autonómicos de distinto signo político, puesto que "el gasto estimado para la Región se podría situar entre 1,5 y 2 millones de euros cuando el pasado año 2009 fue de 930.000 euros".

En esta misma línea, la consejera ha reiterado que "pese a las dudas y deficiencias técnicas, incluida la suspensión de la entrada en vigor de la ley que el bloque normativo planteaba, el Ministerio de Sanidad y Política Social fue informado puntualmente de las medidas tomadas al efecto para la aplicación de dicha normativa; y desde la Administración regional jamás se ha dejado de prestar asistencia a las usuarias del Servicio Murciano de Salud (SMS)".

De hecho, ha asegurado que en la Región todos los dispositivos para aplicar la ley del aborto "estuvieron preparados, y aquellos problemas que han podido surgir son producto de las prisas, ya que esta norma sólo sirve para justificar la existencia del Ministerio de Igualdad".

Disminución de interrupciones voluntarias del embarazo

Igualmente, la responsable de la Sanidad regional ha apostado por "seguir trabajando para evitar los embarazos no deseados y la solución no es el aborto libre, sino una correcta educación sexual y el apoyo a la mujer embarazada, como ya hemos hecho en la Región con la Ley de apoyo a la mujer embarazada".

Explicó, por tanto, que "el aborto no es un método anticonceptivo y, además, la ley lo convierte en un derecho superior al de la vida del no nacido". "El Ejecutivo regional siempre ha optado por la prevención y la educación, dos vías que ahora están dando sus frutos", ha recalcado.

Según las primeras cifras provisionales, el número de interrupciones voluntarias del embarazo en 2008 fue de 5.184 frente a las 4.742 que se produjeron en 2009, lo que supone un descenso del 10 por ciento.

De ahí, que la reducción del número de interrupciones voluntarias del embarazo en la Región se debe a diversos programas llevados a cabo desde los Equipos de Atención Primaria del SMS para atender a las mujeres y a los jóvenes, con la finalidad de facilitarles información sobre métodos anticonceptivos, así como del Plan de Educación para la Salud en la Escuela, según fuentes de la Comunidad.

Los datos, manifestó la consejera, "son un reflejo del trabajo diario que se realiza, ya que en los programas de información y seguimiento de métodos anticonceptivos se incrementó la participación pasando de 23.504 personas en octubre de 2009 a 29.203 en junio de este año, lo que supone un aumento del 24,25 por ciento".

Respecto a la atención a jóvenes, dijo que "es una iniciativa relativamente nueva, ya que se inició el pasado año y en la actualidad presta servicio a 9.079 jóvenes, 4.917 chicas y 4.162 chicos".

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