Jorge Mora, uno de los abogados de las siete mujeres que aún habitan el antiguo barrio de Astilleros, creado en la Punta del Verde hace décadas para albergar a las familias de los retenes de emergencia de la industria naval, advirtió este miércoles de que los juzgados de lo Contencioso Administrativo están notificando a estas personas, entre las que figura su propia madre, una solicitud promovida por la Autoridad Portuaria de Sevilla para hacerse con las viviendas en cuestión al tratarse de suelos de su propiedad y haber caducado la concesión administrativa a partir de la cual Astilleros Españoles S.A. firmó estos contratos de alquiler de renta antigua.

Después de que el pasado mes de mayo la Autoridad Portuaria de Sevilla paralizase el desalojo promovido sobre estas viviendas, —dada la solicitud de suspensión cautelar del procedimiento de desahucio elevada por la representación jurídica de estas mujeres a la vía Contencioso Administrativa, Jorge Mora reconoció que esta petición de suspensión cautelar del desahucio ha sido finalmente rechazada. A tal efecto, y siempre según su relato, el juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que reside la causa ha notificado a cada una de las afectadas, todas ellas inquilinas de renta antigua cuyos contratos fueron suscritos décadas atrás con Astilleros Españoles S.A., una "petición" de la Autoridad Portuaria en cuanto a la "entrada" de la institución en sus hogares.

Para Mora, las siete mujeres, seis de ellas ancianas, se encuentran nuevamente en peligro de expulsión al reclamar la Autoridad Portuaria acceso a estas viviendas cuya propiedad ostentaba la antigua sociedad Astilleros Españoles S.A. en suelos titularidad del Puerto.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, ya había advertido de que las viviendas en cuestión "son ilegales desde hace 22 años según la Ley de Puertos". De otro lado, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), espera reunirse en breve con representantes de la Autoridad Portuaria y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), —como máxima accionista de la antigua sociedad Astilleros Españoles S.A.—, al objeto de buscar una salida negociada, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

El barrio de astilleros

Según el propio Jorge Mora, estas siete viviendas proceden de las barriadas creadas a finales de los años 40 y principios de la siguiente década por la empresa nacional Elcano, propietaria entonces de los astilleros de Sevilla. La barriada de Punta del Verde, en concreto, nació en suelos actualmente adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval.

Después de que en 2005 la antigua sociedad naval Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entrase en liquidación para transformarse en Navantia con la venta de los astilleros de Sevilla a la iniciativa privada, un liquidador contratado a tal efecto comenzó en 2007 a negociar con los habitantes del barrio de Astilleros, en la Punta del Verde, la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización de 60.000 euros.

No obstante, seis ancianas y una mujer de unos 60 años, todas ellas viudas de trabajados de la industria naval, no se acogieron a esta oferta y, mientras en junio de 2009 Astilleros Españoles S.A. liquidaba los contratos de alquiler cuyos titulares se habían acogido al acuerdo, estas siete inquilinas afrontan actualmente un desahucio administrativo promovido por la Autoridad Portuaria como propietaria de los suelos. La sociedad naval y la institución que preside Manuel Fernández, en ese sentido, dieron anteriormente extinta "por caducidad" la concesión administrativa relativa a estos terrenos.