Los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto en las Cortes de Castilla y León han votado este miércoles a favor de la convalidación del Decreto-ley que modifica la Ley regional de Cajas de Ahorro que, como coincidieron en señalar los procuradores del PP, Raúl de la Hoz, y PSOE, Emilio Melero, ahonda en la "profesionalización" de los órganos de gobierno de las entidades y facilita el flujo de recursos.

La modificación ha superado de esta manera el último trámite parlamentario en Castilla y León con el consenso político inicial. Así, tanto los representantes de los dos partidos mayoritarios como el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, han recalcado que resultaba necesario modificar el modelo financiero de la región con una disposición normativa que de respuesta a la situación actual de la economía.

A este respecto, Melero ha incidido en que la votación de hoy simplemente asiente la aprobación del Real Decreto en las Cortes Generales y comparte su objetivo de "caminar juntos para mejorar las cajas de ahorro, preservar estructura, finalidad y no apartarse de sus fines en el beneficio en el interés general, de las familias y de sus ahorros".

Por su parte, el 'popular' Raúl de la Hoz, ha recordado que la crisis económica situó a los políticos de la Comunidad y a los de otras autonomías "en la tesitura de tener que decidir" entre la transformación y la desaparición, porque el modelo de cajas de España se encontraba "desfasado" y era "incapaz de competir en un escenario económico cada vez más global".

Asimismo, Joaquín Otero ha alabado la "despolitización" que incluyen las modificaciones sobre la representatividad en los órganos de Gobierno y la profesionalización de los mismos, motivo por el cuál ha recomendado que se mantenga esta característica en la decisión sobre el presidente de la futura entidad conformada tras la fusión de Caja España y Caja Duero, por lo que incidió en que se deje "el tema" a los consejos de administración.

Por último, se ha referido a algunas cuestiones "menores" que han quedado en el texto como "farragosas" y "casuísticas", como las incompatibilidades o la necesidad de ajuste a la normativa de cada uno de los procesos de fusión en los que las entidades regionales están implicados actualmente. A este respecto, el político leonesista ha lamentado que ayer Caja de Ávila y Caja Segovia hayan dejado de poder decidir "por sí mismas" con su incorporación al SIP con Caja Madrid y otras cinco entidades. Asimismo, ha considerado que si en

Castilla y León es la única Comunidad que ha de autorizar, con la nueva norma estatal reguladora de las cajas , una fusión aprobada por los órganos de gobierno de las entidades implicadas, una autorización que tuvo lugar antes de la aparición de la norma estatal.

El texto recoge todas las novedades introducidas por la normativa estatal en cuanto a la capitalización de las entidades de ahorro, formas del ejercicio de la actividad así como el régimen de fiscalidad. Además dentro de la capacidad reguladora que le corresponde a Castilla y León se introducen cuestiones que desarrollan y amplían la norma estatal.

Profesionalizacion e incompatibilidad.

Así, con el objeto de cumplir el mandato de la norma estatal que exige que la mayoría de los miembros del Consejo cumplan con los criterios de profesionalización, se aprueba la exigencia de que, al menos el 50 por ciento de los miembros de los grupos de representación en el Consejo cumplan con los requisitos de profesionalización, excepto para el grupo de empleados, a quienes se les exonera de esta exigencia.

El grupo de representantes designados por las Cortes de Castilla y León deberán cumplir estos requisitos de profesionalización en un cien por cien. Los requisitos de profesionalización son el haber desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensión análoga.

El Decreto Ley añade una regulación de conflicto de intereses que se extiende al presidente, miembros del Consejo de Administración y la comisión de control con retribución, que supone la prohibición de operaciones vinculadas, la imposibilidad de mantener créditos avales o garantías para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales de la caja de la que forman parte o cualquier otra entidad participada por la Caja.

Asimismo, el Decreto eleva de dos tercios a cuatro quintos la mayoría necesaria para la aprobación de fusiones, Sistema Integrado de Protección (SIP), ejercicio indirecto de la actividad financiera y las decisiones de transformación en fundación.

Periodo transitorio

Respecto al periodo transitorio para la fusión de Caja España y Caja Duero, ambas deberán adaptar sus estatutos a la nueva norma en los plazas fijados por la ley, si bien los órganos de gobierno pactados para el citado tiempo de transición se respetarán durante el máximo de dos años.

Este Decreto Ley confirma el necesario periodo de adaptación estatutaria para que las entidades financieras celebren los procesos electores destinados a configurar sus órganos de gobierno, conforme a este nuevo texto regulador de las cajas. Con ello se pretende también que la renovación global de los órganos rectores, impuesta por la reforma estatal, tenga el menor impacto posible en la estable marcha de las entidades, de ahí, que se hagan coincidir las dos próximas renovaciones parciales con la constitución de los nuevos órganos de gobierno

Una vez aprobado y publicado esta norma, las cajas de ahorros disponen de tres meses para proceder a la adaptación de sus estatutos y reglamentos, para ser posteriormente en el plazo de un mes aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda o la Junta de Castilla y León.

La constitución de la Asamblea General y de los demás órganos de las cajas se realizará dentro de los dos meses siguientes al de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de las cajas de ahorros.