Estas dos ciudades integran la primera fase del Plan de Implantación de la Oficina Judicial del Ministerio, que se completará con el próximo lanzamiento en Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.

Con este anuncio, el Gobienro hace efectiva la entrada en funcionamiento de las primeras Oficinas Judiciales, diseñadas para mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la Administración de Justicia.

El lanzamiento oficial en ambas ciudades tendrá lugar en los días previos al despliegue, en el marco de una visita institucional con la presencia de altos cargos del Ministerio de Justicia y de las principales autoridades locales, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

En el caso de Burgos, la Oficina Judicial se implantará, en una primera fase, en los órganos unipersonales de la ciudad e implicará a más de 260 funcionarios entre secretarios judiciales, gestores, tramitadores y funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

En el caso de Murcia, más de 250 funcionarios participan en el nuevo modelo de Oficina que en esta ciudad incorpora únicamente los órganos unipersonales y colegiados de lo Contencioso-Administrativo y Social y los Juzgados de lo Penal.

Con anticipación a la entrada en funcionamiento en Burgos y Murcia, el Ministerio ha puesto en marcha un Plan de Despliegue así como un Plan Integral de Gestión del Cambio para facilitar la transición al nuevo modelo.

Este Plan incluye actuaciones en materia de formación, divulgación y sensibilización con profesionales y ciudadanía.

La entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) ha supuesto el comienzo del despliegue de la Oficina Judicial, el sistema de organización de los medios personales, materiales y tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia que sustituye al actual modelo organizativo de juzgados y tribunales.

Nuevas tecnologías

La Oficina Judicial se apoya en las nuevas tecnologías para funcionar con criterios de agilidad, transparencia, eficacia, eficiencia en la racionalización del trabajo, optimización de los recursos, responsabilidad por la gestión y coordinación entre administraciones.

Su puesta en marcha es el motor de cambio del proceso de modernización emprendido por el Ministerio de Justicia para ofrecer un servicio publico de calidad.

La implantación de ésta es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el Gobierno el 18 de septiembre de 2009, que contiene el conjunto de medidas encaminadas a transformar, en los próximos tres años, este servicio publico.

La nueva distribución de competencias entre el juez y el magistrado y los secretarios judiciales y la atribución de nuevas competencias procesales a estos últimos constituye la base para definir la estructura de las Oficinas Judiciales, integradas por las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales.