El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha advertido que el Proyecto de Decreto en el que trabaja la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para modificar el régimen de planificación de los Parques Naturales e impulsar la agilización de procedimientos administrativos es "frontalmente contrario" a la ley básica estatal, por lo que de aprobarse en los términos en los que está prevista, sería "nulo de pleno derecho".

De este modo, en una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, a la que tuvo acceso Europa Press, Chamizo critica que el Proyecto de Decreto favorece que las normas urbanísticas aprobadas por cada municipio —Planes Generales de Ordenación Urbana de los ayuntamientos (PGOU)— "prevalezcan" sobre la propia planificación de los parques naturales, lo que, teniendo en cuenta la "ingente presión urbanística que en la actualidad se cierne sobre los espacios naturales de Andalucía", lo hace "totalmente inapropiado".

En este sentido, el Defensor, recuerda que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad contiene una norma básica en materia medioambiental según la cual los instrumentos de planeamiento urbanístico "se encuentran supeditados a las disposiciones contenidas en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de los parques".

En concreto, tal y como reza el artículo 18.2 de la citada normativa: "cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos". Asimismo, añade que, en caso de contradicción, "las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos".

Sin embargo, tal y como afirma el Defensor, el contenido del Decreto establece que el planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de los parques naturales andaluces "no debería adaptarse necesariamente a los correspondientes PORN, tal y como exige la norma básica estatal, sino que dicho planeamiento urbanístico puede contradecir lo reglado en los PORN y en los PRUG, fijando incluso parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las contempladas en los instrumentos de planificación de los parques naturales".

"En tales casos, las normas urbanísticas aprobadas por los municipios prevalecerían sobre las de planificación de los parques naturales, que quedarían tácitamente derogadas", advierte.

Según esto, destaca Chamizo, no sería el Decreto proyectado por la Consejería de Medio Ambiente el que derogase los distintos PORN sino que, por el contrario, sería la norma urbanística aprobada por cada municipio la que llevase a cabo tal derogación, con el alcance que cada una de ellas prevea.

En este sentido, alerta que esto "no sería ni más ni menos que incumplir con la disposición básica estatal contenida en el artículo 18.2 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contraviniendo de este modo el mandato de la Constitución Española contenido en el aparado primero del artículo 9, según el cual "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Ademas, Chamizo muestra sus dudas acerca de cómo pretende la Consejería de Medio Ambiente evaluar favorablemente un plan urbanístico que contemple parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las del PORN, cuando la única norma vigente en el momento de la evaluación ambiental sería precisamente el PORN y éste contemplaría parámetros más restrictivos.

"Mucho nos tememos que tal evaluación ambiental favorable tan sólo resultaría factible si se hiciera sin tener en cuenta uno de los elementos normativos esenciales, cual sería la planificación del parque natural", señala.

Contrario a la constitución y al estatuto de autonomía

De igual modo, el Defensor del Pueblo considera que la normativa resulta "contraria" a los principios rectores de la política social y económica, previstos en el artículo 45.2 de la Constitución, según los cuales "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva".

Asimismo, afirma que el proyecto de Decreto choca con lo reglado en los apartado primero y segundo del artículo 28 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que prevén que "Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes", y que "se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales", respectivamente.

Rechazo de ecologistas

El Proyecto de Decreto autonómico por el que se establece el Régimen General para la Planificación de los usos y actividades en los Parques Naturales y se aprueban Medidas de Agilización de Procedimientos Administrativos se desarrolla en el marco del Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites, aprobado por el Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El plan recoge un total de 323 medidas dirigidas a reducir plazos, unificar y simplificar actuaciones e impulsar la administración electrónica, las cuales se desarrollarán durante los años 2009 y 2010 en el ámbito territorial de los 24 parques naturales que existen en la comunidad. Su puesta en marcha implicará la modificación de cerca de 140 disposiciones normativas.

La normativa ha concitado el rechazo de los grupos ecologistas, sobre todo, del colectivo Ecologistas en Acción que, en numerosas ocasiones, se ha dirigido a la Administración ambiental, convocando concentraciones en algunos casos, contra lo que consideran un 'decretazo' que "bajo la excusa de agilizar procedimientos administrativos aprovecha para reducir las normas de protección dando facilidades para el desarrollo de planes urbanísticos en estos espacios protegidos".

Así, en la línea expresada por el Defensor del Pueblo, afirman que, la modificación "más preocupante" es la pretensión de que los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) prevalezcan sobre los PORN y los PRUG, propuesta "insólita y de consecuencias imprevisibles".