El contenido de la norma fue notificado hace cuatro meses a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, sin que hasta ahora se haya producido el visto bueno a los incentivos a las eléctricas para consumir carbón nacional, mientras que el sector vive un clima de conflictos laborales por el impago de nóminas.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha asegurado que la apuesta por la generación eléctrica a partir de carbón autóctono, "altamente contaminante", resulta "contradictorio" con los objetivos de reducción de las emisiones CO2, que además podría generar un importante encarecimiento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas, con la consiguiente repercusión en los consumidores.

Asimismo, ha exigido al Gobierno que establezca un proceso de diálogo con los distintos agentes económicos y sociales implicados, y exige además que tengan en cuenta la "singularidades" de las comarcas mineras gallegas de Meirama (Cerceda) y As Pontes.

A su juicio, la decisión de priorizar el carbón nacional afectará "gravemente" a la actividad económica de las centrales gallegas situadas en esas localidades coruñesas.

"Centrales que apostaron por el uso del carbón importado debido al progresivo agotamiento de la materia prima próxima a las centrales, debido a las "menores emisiones que produce el uso de carbón de importación y sus menores costes económicos".

El psoe defiende devolver a las cuencas su solidaridad.

El diputado del PP, Antonio Erías, ha propuesto cambiar el texto del BNG reclamando que se mantenga la actividad de Meirama y As Pontes, cuando menos al denominado "mínimo técnico" pero sin modificar el decreto.

No obstante, el BNG ha rechazado esta petición.

La socialista Yolanda Casaus ha señalado que el carbón es la única "fuente autóctona" de energía en España y las regiones mineras "han dado mucho a cambio de poco", por lo que es hora de "devolver su solidaridad", a través de un decreto que no busca crear problemas a las cuencas mineras.

"Este Parlamento no debe poner trabas al visto bueno del decreto en Bruselas", aseguró.

Sin embargo, aseguró que la situación "crítica" del sector en 2009 se debe a una caída de la demanda por la crisis internacional y ha mostrado su confianza en que la situación mejore en un "periodo razonable de tiempo", y criticó la "mezquina" actuación de empresarios por negarse a pagar las nóminas.