Únicamente cuatro ayuntamientos de Cantabria no podrán endeudarse en 2011 por tener una deuda superior al 75 por ciento de sus ingresos, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda y según los datos del colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, dicha cifra representa que el porcentaje de ayuntamientos que no pueden endeudarse en la comunidad autónoma es del 3,92 por ciento sobre el total de los de la región, la sexta con menor porcentaje de entre las quince autonomías que figuran en el informe.

De los cuatro ayuntamientos cántabros que según el informe de Gestha no podrán endeudarse en 2011 por superar el 75%, el más endeudado sería Liérganes, con una deuda del 100,27 por ciento de sus ingresos, lo que equivaldría a una cifra de 1.342.000 euros.

A continuación se sitúa Miengo, con el 95,43 por ciento (3.023.000 euros de deuda); Santander, con el 81,44 por ciento (132.351.000 euros); y Marina de Cudeyo, con el 76,56%, un punto y medio más de lo permitido, lo que equivale a una deuda de 3.476.000 euros.

A nivel nacional, sólo el 4 por ciento de los 7.595 municipios españoles —excluidos los de País Vasco y Navarra— tiene una deuda superior al 75 por ciento de sus ingresos, por lo que no podrán seguir endeudándose en 2011. Los datos de deuda, referidos a 2009, ponen de manifiesto que sólo 310 ayuntamientos contarán con esta restricción para el próximo año por tener un mayor nivel de endeudamiento que sus vecinos, después de que Economía haya rectificado la prohibición total para solicitar nuevos créditos el próximo año.

A pesar de ser un porcentaje pequeño de ayuntamientos, entre estos municipios se encuentran algunos tan importantes como Madrid (con una deuda del 159% de sus ingresos), Valencia (106,6%), Málaga (127%), Córdoba (101,6%) o Santander.

Para Gestha, el nuevo criterio de Economía de restringir el endeudamiento de las corporaciones locales con un endeudamiento superior al 75 por ciento es "engañosa", dado que no se consideran las deudas que puedan tener las sociedades públicas o privadas constituidas por los consistorios.

Además, este colectivo señala que los criterios para la aplicación de esta medida pueden basarse en una "pura trampa", ya que permite un mayor endeudamiento a los ayuntamientos que hayan empleado "ingeniería financiera para maquillar" su deuda y cumplan con los nuevos requisitos.

Cataluña y valencia encabezan la lista.

En la distribución por comunidades autónomas, Cataluña, con 85 municipios, encabeza la lista de regiones con mayor número de ayuntamientos que no podrán endeudarse el próximo año, seguida de Comunidad Valenciana (51), Andalucía (47), Aragón (37), Castilla y León (31), Castilla-La Mancha (11), Madrid (10), Murcia (8), La Rioja (7), Galicia (6) y Baleares, Canarias y Cantabria, con 4 ayuntamientos cada una. Asturias y Melilla son las únicas regiones que no tienen ningún municipio que supere el 75 por ciento de deuda.

Si se analiza el ránking de comunidades autónomas con mayor porcentaje de ayuntamientos que no pueden endeudarse según los nuevos requisitos anunciados por el Ministerio, Murcia, con el 17,78 por ciento, encabeza la lista, seguida de Comunidad Valenciana (9,38%); Cataluña (8,99%); y Andalucía (6,10%).

A continuación se sitúan Islas Baleares (5,97%); Comunidad de Madrid (5,59%); Aragón (5,05%); Islas Canarias (4,55%); La Rioja (4,02%); Cantabria (3,92%); Galicia (1,90%); Castilla y León (1,38%); Castilla-La Mancha (1,20%); Extremadura (1,04%), y Asturias (0%)

Gestha atribuye la "crítica" situación que atraviesan las cuentas de los consistorios a la caída de la recaudación derivada de la crisis financiera actual y a la recesión económica que "ha hecho mella" en una de sus principales fuentes de ingresos como era el sector constructor e inmobiliario.

Por ello, los técnicos de Hacienda instan al Ejecutivo a mejorar la vía de los ingresos mediante una lucha "más eficaz" contra la economía sumergida, una de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea que actualmente supone que 245.000 millones de euros, el 23,3 por ciento del PIB, escapen al control del fisco.