El PSOE apoya la continuidad del atraque y los chiringuitos en el Puntal

Creen que se puede renovar la concesión si se reconoce el carácter excepcional de las instalaciones

Los portavoces del PSOE en los ayuntamientos de Ribamontán al Mar y Marina de Cudeyo, José Luis Aja y Pedro Pérez, han mostrado su apoyo a la continuidad del atraque en el Puntal, que, según recoge estos días la prensa regional, desaconseja un informe de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Los representantes del PSOE en estos municipios se reunieron este sábado para tratar sobre el informe de la Consejería de Ganadería contrario a la renovación de la concesión del embarcadero y chiringuitos.

Así, han considerado que "sí es posible la nueva concesión con una interpretación de la ley que tenga en cuenta el carácter excepcional de las instalaciones, que por otra parte el propio POL preserva".

"Es evidente que la zona reúne unas características que hacen imprescindible su protección", señalan, pero precisan que "no es incompatible en absoluto la protección del medio con la situación actual".

"Un acceso público a la zona es precisamente lo que debe garantizar la protección de la misma y además entendemos que las instalaciones y actividad no son más perjudiciales que la actividad portuaria o de recreo particular del entorno" señalaron los portavoces.

Además, creen que la calidad medioambiental de la zona "no parece haber empeorado estos años sino más bien al contrario, algo que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar una ley".

Y reiteraron que es una zona "especialmente sensible" y, por tanto, "especialmente protegida y considerada" por la legislación comunitaria como Lugar de Importancia Comunitaria, lo que "no es incompatible con las instalaciones actuales".

"Todo ello debe ser tenido en cuenta por todos, por políticos oportunistas que aparentan desconocer la normativa vigente desde hace años y por técnicos que deben ser sensibles a las circunstancias que rodean a cada caso concreto", aseveraron.

Asimismo, recordaron que este problema se remonta a 2007, con el conocimiento de los alcaldes de la zona y recalcaron que "es labor de los gobernantes tratar de solucionar los problemas que se plantean integrando las diferentes legislaciones para el bien de los ciudadanos y de la biodiversidad".

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