Ciutadans (C's) considera que el "deber" de las empresas de rotular y facilitar información a los consumidores en lengua catalana que está contemplado en el Código de Consumo de Catalunya, en vigor desde el pasado 23 de agosto, constituye una "flagrante inconstitucionalidad" al contravenir tres artículos de la Carta Magna e ir "más allá" de la interpretación de conformidad sobre este asunto que recogió la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Así consta en el escrito que el partido presidido por Albert Rivera ha presentado este viernes ante el Defensor del Pueblo para solicitar a esta institución que recurra ante el alto tribunal esta norma, que establece el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en catalán y fija sanciones que pueden llegar, en los casos más graves, hasta un millón de euros.

El nuevo Código de Consumo incluye entre sus disposiciones que todos los consumidores tienen el derecho a recibir en lengua catalana "las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los demás documentos que hagan referencia o que se deriven".

También deberán poder recibir en esta lengua "las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de los bienes y servicios (...), las fechas obligatorias relacionadas directamente con la salvaguarda de la salud y la seguridad" y todos los contratos que suscriban ambas partes.

"sangrante perjuicio"

Para C's, esta disposición contraviene el fundamento jurídico 22 de la sentencia sobre el Estatut, que establecía que en el ámbito de las relaciones "entre privados" no cabe entender que la norma catalana "imponga de modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos".

A su juicio, lo que se presenta como un "derecho de los consumidores y usuarios" es en realidad una exigencia que provocará un "sangrante y evidente perjuicio" a entidades privadas, pequeñas y medianas empresas y comerciantes autónomos cuya lengua habitual sea el castellano, que tendrán que realizar todos estos documentos en catalán "bajo coacción de una severísima sanción".

La nueva norma, a su entender, "atenta contra la libertad individual y de empresa", ya que "viene a exigir al empresario individual o social a tener toda su documentación mercantil y a publicitarse o darse a conocer u ofrecer sus productos en catalán con evidente desequilibrio del otro idioma oficial".