Los trabajadores de Rober S.A., empresa concesionaria del transporte público en Granada capital, han convocado varias jornadas de huelga a partir del mes de septiembre ante la decisión de la entidad y el Ayuntamiento de segregar varias líneas de transporte urbano a otras empresas.

Concretamente, el comité de empresa ha decidido convocar huelga el 12 de septiembre, coincidiendo con la Beatificación de Fray Leopoldo, y el día 24 de este mes; así como el 29 de octubre y 26 de noviembre, cuando están previstas las reuniones del Pleno del Ayuntamiento de la capital. Además se desarrollarán manifestaciones desde los jardines del Triunfo hasta la Plaza del Carmen todos los viernes a partir del 17 de septiembre.

Así lo anunció en rueda de prensa el presidente del comité de empresa, Juan Francisco Muñoz (CCOO), quien se mostró convencido de que este cambio va a perjudicar "no sólo a la plantilla de la empresa sino también a toda la ciudadanía, al empeorar la calidad del servicio".

El cambio afecta a las líneas 111, 121 y El Fargue, y supone, a juicio de los trabajadores, "la sustitución de los autobuses actuales por microbuses que no reúnen las mismas condiciones de seguridad".

Además, Muñoz aseguró que en esta segregación no se ha seguido el procedimiento legal para que el Ayuntamiento cambie la concesión, al no convocarse un concurso público para estas líneas, en el que hubieran podido participar otras empresas.

Por su parte, Antonio Jesús Zarza, representante de UGT en el comité de empresa, ha criticado que se vayan a cambiar autobuses de 12 metros de largo, con capacidad para un centenar de personas, climatizados, y adaptados a personas discapacitadas, "por microbuses sin aire acondicionado ni calefacción, sin rampa de acceso y con una capacidad de viajeros mucho menor, sin que se vaya a aumentar el número de servicios por línea".

También ha señalado que estos microbuses no disponen de ningún tipo de medida de seguridad para el conductor, advirtiendo de que una agresión al mismo supone un "peligro directo" también para los transeúntes, porque puede suponer la pérdida de control de estos vehículos de gran tonelaje.

"Y es que el motivo de estas movilizaciones —añadió— no se debe sólo a la defensa de las condiciones de trabajo de los conductores, sino también a la pérdida de calidad en el servicio público que se va a producir, y van a sufrir directamente los usuarios del transporte público de Granada".

Finalmente, el representante del CSIF en el comité de empresa, Gerardo López Garrido, ha señalado que el ahorro de costes para el Ayuntamiento no se va a traducir en abaratar el servicio para la ciudadanía, "sino en empeorarlo".