CC.OO. rechaza la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud por la "ausencia de consenso" en su confección

El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León porque consideran que no ha existido consenso entre las fuerzas sociales y políticas para su confección.

El sindicato Comisiones Obreras ha mostrado su rechazo a la nueva Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León porque consideran que no ha existido consenso entre las fuerzas sociales y políticas para su confección.

Según han informado fuentes sindicales en un comunicado recogido por Europa Press, el motivo de la postura se encuentra también en la "forma en la que ha salido adelante por medio de una tramitación extraordinaria" lo que, a su juicio, ha evitado el debate parlamentario.

CC.OO. también ha indicado que esta vía extraordinaria "ya fue criticada por el Consejo Económico y Social que no encontraba justificación para este tipo de tramitación". Sin embargo, han lamentado que el Gobierno popular continuó con la intención que "hurtaba el debate".

Recordaron que en su momento CC.OO. presentó sus alegaciones al anteproyecto de Ley y que "no fueron tomadas en cuenta de la misma manera que se rechazaron en sede parlamentaria la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista". La tramitación, a juicio del sindicato ha estado presidida por la "poca atención en términos de negociación que tienen en la Consejería de Sanidad".

También han apuntado que la figura del Defensor del Usuario, una de las principales novedades del nuevo texto legislativo, será "una persona nombrada a dedo por el propio consejero, Francisco Javier Álvarez Guisasola". Este hecho "compromete gravemente su independencia e imparcialidad" ya que sus funciones serán realmente asegurar la calidad asistencial.

Por otra parte, han incidido en que para el sindicato el texto tiene "un vicio de partida" en el hecho de que una empresa "pueda ser contratada con la sanidad pública y no pague a sus trabajadores sin que la Gerencia Regional de Salud intervenga con la excusa de que se trata de un problema de la empresa". En estas circunstancias consideraron que la Ley "abre un poco más las puertas a la privatización de la Sanidad".

En la Ley, continuaron, aparecen un catálogo de prestaciones sanitarias entre las que se incluye por primera vez la salud pública, materia que se tramita en estos momentos con una Ley propia.

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