El Fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, José María Mena, anunció el viernes que va a comenzar a investigar las recriminaciones que se lanzaron el jueves el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el líder de CiU, Artur Mas, durante el pleno monográfico dedicado a este asunto en el Parlamento de Cataluña.

'Cabría deducir que podrían haberse producido comportamientos irregulares de percepción de comisiones ilegales en épocas anteriores, que en su caso podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos u otros delitos', declaró el fiscal Mena ante los medios de comunicación.

Durante la sesión parlamentaria del jueves, Maragall dijo a Mas - 'conseller en cap' del anterior Gobierno catalán - que 'ustedes tienen un problema, y ese problema es el tres por ciento'. Ante esa alusión, el político de Convergencia exigió inmediatamente una rectificación al presidente de la Generalitat, a lo que éste accedió, porque 'Cataluña tiene por delante muchas cosas importantes, y espero de usted y de su grupo que estén en condiciones de cumplir su parte'.

Asimsimo, Mas anunció el viernes que CiU había decidido recurrir a los tribunales para preservar la honorabilidad de la formación.

'(CiU) Ha tomado la decisión de recurrir a los tribunales, de presentar una demanda judicial contra (...) el señor Maragall para que se reestablezca plenamente la honorabilidad de Convergencia i Unió y para que se sitúe en el ámbito de los tribunales aquello que el propio señor Maragall ha situado en el ámbito de la política, de la relación institucional y de la relación entre partidos', dijo Mas a periodistas.

En el pleno monográfico que concluyó el viernes se dieron a conocer también las primeras dimisiones por los derrumbes en el barrio barcelonés del Carmel, provocados por las obras de prolongación de la línea 5 del metro de la ciudad.

Nadal informó de que ha aceptado las renuncias del director general de Puertos y Transportes de la Generalitat, Jordi Juliá, y del presidente de la empresa pública de infraestructuras -supervisora de las obras del metro- GISA, Ramón Serra, aunque consideró que no tenían responsabilidad en el desastre.

El consejero socialista, que culpó de la situación a la 'pesada herencia' recibida del Gobierno de CiU, anunció también la suspensión de las obras y la redacción de un nuevo proyecto.

UN MES SIN CASA

Mientras tanto, 1.057 vecinos de este barrio barcelonés surgido en las décadas de los cuarenta y cincuenta siguen fuera de sus casas, cuando se cumple un mes del inicio del problema.

El martes 25 de enero se desalojó a los primeros vecinos de dos bloques de la calle Passatge Calafell por unos desprendimientos observados con motivo de la excavación del túnel de maniobras de las obras de ampliación de la L5, como reconoce el informe técnico del hundimiento realizado por GISA.

Dos días después se produjo el primer socavón y se derrumbó uno de los inmuebles. Entonces se decidió realizar un desalojo masivo 'como medida preventiva', que según los datos de la empresa pública, afectó a 84 edificios de seis calles.

El 3 de febrero se produjo un segundo socavón, pocas horas después de que algunos vecinos regresaran con garantías de las instituciones, según informaron algunos medios.

En ese momento se tuvo que derribar el segundo bloque, pero la Generalitat ha aprobado el de otros tres inmuebles más, dos de ellos en la misma Passatge Calafell y otro en Conca de Tremp. Son 33 las familias afectadas por los derribos y alrededor de medio centenar de comercios, aunque el total de vecinos desalojados es de 1.057.

'La gente está harta de promesas y quiere hechos', declaró a Reuters Constantino Enguídanos, secretario de la Asociación de Vecinos del Carmel.

El Ayuntamiento, la Generalitat e incluso el Gobierno central han anunciado ayudas económicas para los desalojados, pero el malestar entre los vecinos es patente, y más tras lo ocurrido en el pleno del Parlamento, que algunos vecinos califican de 'desastroso' y 'bochornoso'.

Las conclusiones del pleno - como la apertura de una comisión de investigación sobre lo sucedido y sobre los procedimientos de adjudicación de obras públicas en Cataluña, así como la creación de una oficina contra el fraude - han quedado en segundo plano ante un escándalo que ahora llega a la fiscalía.

/Por Teresa Larraz/