La Fiscalía ha acordado archivar las diligencias informativas que incoó el pasado mes de junio en torno al expediente de alquiler por parte de la empresa del Govern CAIB Patrimoni de un edificio situado en el polígono de Son Rossinyol para la ubicación de varias dependencias públicas, al subrayar que el arrendamiento no constituye conducta alguna que "por tener relevancia penal deba ser investigada ni fiscal ni judicialmente".

En su propuesta de archivo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público defiende que tanto el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni se ajusta a las normas de contratación de derecho común, por tratarse de una Sociedad Anónima y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.

Fue el propio conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, quien a principios de junio entregó al fiscal anticorrupción Pedro Horrach el expediente de arrendamiento a fin de que la Fiscalía aclarase si hubo alguna irregularidad, tal y como denunció el PP, en este proceso de arrendamiento del edificio, destinado a albergar las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad, algunas de las empresas públicas adscritas a este departamento y la Escuela Balear de Administración Pública. (

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