La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE) apuntó que en el mes de septiembre aumenta "considerablemente" el número de quejas y reclamaciones que obedecen a irregularidades en los productos o servicios contratados durante las vacaciones, sobre todo a la pérdida de equipajes o deterioro y retrasos y cancelaciones de vuelos.

En una nota, UCA/UCE recomendó "ante todo" no esperar al regreso para interponer las reclamaciones y hacerlo cada vez que se detecten de manera que "será mucho más fácil dejar constancia de la queja" e indicó que el usuario "debe conocer sus derechos" y leer atentamente las condiciones del viaje establecidas en el contrato con la aerolínea o la agencia.

En el caso de alojamientos turísticos, con carácter general, si la anulación de la reserva se produce con menos de siete días de antelación, se puede perder la totalidad de la señal, aunque dependiendo del tipo de alojamiento y de la comunidad autónoma a la que pertenezca pueden varias las condiciones.

En los transportes, la cancelación de un medio terrestre no suele generar demasiados problemas, salvo una penalización por parte de la empresa; sin embargo, "los mayores problemas de la cancelación surgen en torno a los billetes de avión" puesto que sólo se pueden cancelar los billetes adquiridos cuyas condiciones generales lo permitan.

Así, los billetes de turistas con restricciones o bien no permiten cambios de ningún tipo ni cancelaciones o bien lo permiten con unas condiciones muy gravosas en la mayoría, por lo que una queja "muy frecuente" de los consumidores es la negativa de la compañía aérea a cancelar o modificar un viaje cuando surgen causas excepcionales o de fuerza mayor que impiden realizar el viaje.

La organización de consumidores precisó que cuando se trate de un viaje combinado, las condiciones de la penalización son diferentes. Así, si es por fuerza mayor la agencia de viajes está obligada a llevar a cabo la anulación sin aplicar ningún tipo de penalización, pero si el motivo de cancelar el viaje es otro, o bien no hay realmente motivo alguno para el desestimiento, la cancelación por el usuario está sujeta a distintas penalizaciones en función de la antelación con la que se produzca, además de los gastos de gestión y de anulación.

Ante una cancelación del transportista o del organizador, el usuario tiene derecho al reembolso del billete o del viaje, pero además puede tenerlo a una indemnización, salvo que la cancelación o el retraso sea por causa de fuerza mayor.

Una cancelación de un billete de avión por parte de la compañía aérea da derecho a una indemnización equivalente a la prevista para el 'overbooking', siendo de 250, 400 ó 600 euros en función del trayecto y de lo que se tarde en recolocar al pasajero, ya que la indemnización en este caso puede reducirse a la mitad.

Si lo que se produce es una modificación significativa de alguno de los elementos esenciales del viaje, el organizador debe comunicárselo al usuario, quien dispondría de tres días para decidir si continua con el viaje o cancelarlo con derecho al reembolso de las cantidades y a la indemnización prevista para el caso de cancelación.

También puede ocurrir que antes de la salida del viaje combinado, nos comuniquen un incremento del precio, que sólo es posible si así se recoge en el contrato de viaje (es frecuente que se haga) y puede tratarse tanto de una revisión al alza como a la baja.

Por otro lado, ante la pérdida o deterioro del equipaje el usuario debe dirigirse al mostrador de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) o de la compañía aérea para presentar la correspondiente reclamación, disponiendo de siete días para reclamar el deterioro de las maletas a partir de la fecha de entrega.

Finalmente, en el caso de que se produzca una situación de 'overbooking' la compañía aérea deberá comunicarlo a los pasajeros y solicitar voluntarios a renunciar a su pasaje a cambio de una serie de beneficios, y sólo en el caso de que el número de voluntarios no permita solucionar la situación la compañía podrá denegar el acceso al vuelo.

En este sentido, la Unión de Consumidores solicitó el fin de esta práctica "que anualmente afecta a unos 250.000 pasajeros en toda Europa", ya que, según UCA/UCE, la venta de billetes por encima del número de plazas "es un abuso legalizado por la Unión Europea que no tiene justificación alguna hoy en día".