La Consejería de Salud desarrollará hasta finales del mes de septiembre una campaña para vigilar que las empresas que se dedican a alquilar vehículos sin conductor, concretamente turismos y autocaravanas, respetan los derechos que asisten a los consumidores en este ámbito.

Según indicó la Junta en una nota, los inspectores de Consumo de la Junta de Andalucía controlarán como mínimo un centenar de establecimientos de este tipo repartidos por las ocho provincias andaluzas con un objetivo básico, esto es, "evitar posibles abusos contra los usuarios, que demandan este tipo de prestaciones con más frecuencia en esta época del año".

Dentro de los establecimientos que son objeto de inspección durante esta campaña están incluidos los que ofrecen servicios en aeropuertos, estaciones e incluso en aquellos talleres de reparación de vehículos que ofrezcan alquiler de coches, dado que en ocasiones cuentan también con este tipo de prestaciones.

Del centenar de controles que se efectuarán como mínimo en establecimientos de alquiler de vehículos de Andalucía, está previsto que los inspectores de Consumo hagan ocho en Almería; 15, en Cádiz; nueve en Córdoba; 12 en Granada; siete en Huelva; ocho en Jaén; 20, en Málaga, y 21 en Sevilla.

La Junta explicó que la oportunidad de llevar a cabo este control específico a estos establecimientos viene motivada por los últimos datos sobre quejas de los usuarios en este ámbito, toda vez que el número de reclamaciones de usuarios en este sector se ha incrementado en un 44 por ciento en 2009 en relación con el año precedente, al pasarse de las 96 quejas registradas en 2008 ante los servicios de Consumo de la Junta a las 138 contabilizadas el año pasado.

Los incumplimientos en los precios, la desatención a los consumidores y las cláusulas abusivas son los motivos más frecuentes que están detrás de estas denuncias de los usuarios.

Los inspectores de Consumo solicitan al establecimiento inspeccionado ejemplares firmados de cada uno de los tipos de contrato que se oferten por parte de dicha empresa y en ellos se prestará especial atención a la inclusión de cláusulas abusivas y la utilización de prácticas desleales.

Las sanciones recogidas en la normativa andaluza por la presencia de cláusulas abusivas en los contratos y por la detección de prácticas fraudulentas que vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden llegar a los 30.000 euros, al considerarse infracciones graves.