El senador estatal de Mesa (Arizona), Russell Pearce, concibió la ley SB1070 para "asfixiar" a los indocumentados pero, paradójicamente, la medida está deteriorando la economía de esta ciudad y del estado.

La SB1070, en vigor desde el jueves aunque con la suspensión por la justicia de los artículos más criticados, penaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha inspirado a otros gobiernos a seguir el ejemplo de este estado, considerado "zona cero" del combate a la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Sin embargo, esta ley ha caldeado el clima político en EE UU ante los comicios de noviembre próximo, y en Mesa, a 32 kilómetros al Este de Phoenix, está contribuyendo al ocaso de decenas de negocios. Para un extranjero, la vida en Arizona se divide en un antes y un después de la SB1070, una medida que también castiga a quienes ayuden a los indocumentados.

Baste un paseo por algunas de la principales calles de este imán del turismo en el Condado de Maricopa para ver el impacto de la recesión y de la norma. Varios negocios cuelgan en sus puertas letreros con mensaje de "cerrado".

En varios centros comerciales, sólo quedan lotes vacíos. El coste humano, económico y político de la ley, aseguran sus detractores, es muy alto, tomando en cuenta que Arizona tiene, en tiempos de recesión, un déficit presupuestario de 3.200 millones de dólares.

"Creo que legisladores como el señor Pearce no piensan en el bienestar de su estado (...), están usando la SB1070 como plataforma para captar votos", dijo a Efe la reverenda Magdalena Schwartz, de la Iglesia Discípulos del Reino Metodista Libre, que atiende a los inmigrantes, la mayoría de México.

Schwartz, oriunda de Chile, llegó a Mesa en 1988, y en casi dos años a cargo de la iglesia ha visto "horrores", dijo al recordar el caso más extremo el de Alma Minerva Chacón, una mexicana indocumentada que fue detenida y en diciembre pasado "dio a luz atada de pies y manos, como una verdadera criminal, como un animal".

Su iglesia recaudó 4.000 dólares para pagar su fianza y conseguirle un abogado parar tramitar un permiso de trabajo, dijo. Ahora Schwartz intenta ayudar a Gloria López, una joven duranguense de 18 años que emigró con su familia de México hace diez años. La SB1070 le roba el sueño de ir a la universidad y la pone en peligro inmediato de deportación.

"Es terrible todo esto"

"Es terrible todo esto. Sólo quiero estudiar para ayudar a mi familia", declaró entre sollozos López, cuyo caso se multiplica en los miles de estudiantes indocumentados hispanos. Sentada al lado de su abuela, Gloria Millanes, ciudadana estadounidense desde hace 12 años, la joven pide al presidente de EE UU, Barack Obama, que presione por la legalización de estudiantes como ella.

Nadie sabe con certeza cuánto costará la aplicación de la SB1070, aunque las autoridades apartaron diez millones de dólares para acciones policiales. Esa cifra no incluye lo que costaría ampliar las cárceles o responder a posibles demandas civiles.

El Centro Udall para Estudios de Política Pública, de la Universidad de Arizona, calculó recientemente que la productividad económica de los inmigrantes en el estado, tanto legales como indocumentados, fue de 44.000 millones de dólares en 2004. Más de 35.000 negocios en Arizona son de dueños latinos y éstos registraron ventas por 4.300 millones de dólares y dieron empleo a cerca de 40.000 personas en 2002, año más reciente del que se tienen datos.

Si se cumpliera la fantasía de los partidarios de la ley de expulsar a todos los indocumentados, Arizona perdería 26.400 millones de dólares en actividad económica, 11.700 millones en su Producto Interior Bruto y unos 140.324 empleos, según el Grupo Perryman.