El Partido Popular de Asturias considera que el Gobierno autonómico socialista está desarrollando una estrategia para "copar la Administración con amigos" en diferentes puestos de responsabilidad, antes de las próximas elecciones autonómicas. Así lo entiende, tras las recientes sentencias que anularon cerca de 1.000 nombramientos de altos cargos funcionariales por supuestas irregularidades en los procesos selectivos, y que, según el PP, beneficiaban a los "nombrados a dedo".

Así lo señalaron los diputados autonómicos Ana Barrientos y Ramón García Cañal, en una rueda de prensa convocada para analizar la situación creada por las cuatro sentencias conocidas recientemente, y que dan la razón a los sindicatos frente a la Administración. La formación ha solicitado la comparecencia de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y del director general de Función Pública, Daniel Álvarez, por este asunto.

"Nada ocurre por casualidad, hay una política planificada de ocupación política de la Administración del Principado", denunció públicamente Cañal, apoyado por su compañera.

Así, según el diputado, se siguió una determinada estrategia desde el año 1999. "Desde entonces se comienzan a nombrar en comisión de servicios, es decir, a dedo, los puestos de las jefaturas de sección y de negociado, que son absolutamente profesionales y no de libre designación", explicó.

En 2007, continuó, "se convocan los concursos, pero los recurren los sindicatos y son anulados, porque en los varemos de puntuación, a los nombrados a dedo se les puntuaba todos los años en comisión de servicios, con lo que los demás concurrentes estaban en inferioridad de condiciones, porque se puntuaban los años en el puesto".

Así, Cañal recuerda que entonces el Tribunal estableció que sólo se valoraría como máximo un año de experiencia. "El Gobierno lo que hace es decir que se puntúa sólo un año, por lo que el resto de funcionarios que pueden llevar 20 años de servicios se ven en igualdad de condiciones con los nombrados a dedo", matiza, señalando el motivo principal por el que los tribunales han vuelto a fallar contra los nombramientos recientemente.

"El objetivo del Gobierno era dejar amarrada y bien amarrada la administración con sus profesionales antes de las elecciones de 2011; dejar colocados a sus afines, para que cuando llegase el nuevo gobierno en 2011 se encontrase una Administración copada por los amigos", señaló.

Así, para Ana Barrientos, "la práctica totalidad de jefaturas y altos funcionarios correspondientes a la Administración del Principado de Asturias está bajo sospecha de irregularidad en cuanto a la tramitación de las bases". "No se puede cometer un error cuando los tribunales dicen que no se puede ir adelante con determinadas bases, y años después te encuentras con una sentencia que expresamente dice que parece que tratas de eludir los efectos de una sentencia anterior", protestó la diputada.

Además recalca que en la sentencia se dice que "el representante de la Administración no ofreció razón alguna de tal singular fecha y actuación". "Da la impresión de que se quería dejar colocadas a determinadas personas ante un posible cambio de gobierno", concluyó la parlamentaria.