La Diputación Permanente del Parlamento —órgano encargado de velar por la actividad del Parlamento en época de vacaciones— ha convalidado, con los votos favorables del Grupo Socialista y los votos en contra del Popular y de

Iu lv-CA, el del decreto-ley de medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz aprobado por el Consejo de Gobierno, que fue presentado por la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.

Sin embargo, el Parlamento rechazó, con los votos favorables del PSOE, la proposición realizada por los grupos Popular e IULV-CA de que la tramitación de la normativa se realizara mediante un proyecto de ley, con el objetivo de contar "con las aportaciones y el debate por parte de todos los partidos", según coincidieron estas dos últimas formaciones.

En este marco, Martínez Aguayo ha destacado la "significativa mejora" de la dotación de servicios públicos de los últimos años y la necesidad de llevar a cabo actualmente un proceso de reordenación con la finalidad de "acomodarlo al nuevo escenario de las finanzas públicas"

Así, ha insistido en que este proceso persigue una mayor racionalización del gasto y el incremento de la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos "desde el convencimiento de que ello sólo es posible desde el valor añadido que aporta lo público y el empleo público". Además, ha rechazado otros modelos "liberalizadores que inciden esencialmente en la privatización de servicios" y ha advertido que esta reordenación recoge "la máxima garantía jurídica para la salvaguarda de los derechos del personal empleado público afectado, un total de 23.476 personas".

El decreto-ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía supondrá un ahorro total de más de 100 millones de euros hasta 2013, así como la desaparición de 111 entidades instrumentales y la modificación o transformación de otras 16, al tiempo que se garantiza el mantenimiento de los empleos.

"atraco democrático"

Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha criticado la "escasa participación y diálogo" en el desarrollo de la norma, tanto con los partidos como con los agentes sociales, y ha calificado el rechazo de su convalidación como proyecto de ley como un "auténtico atraco democrático ante la importancia del recorte".

Así, aunque ha apostado por la reordenación del sector público, ha lamentado la "ruptura de la concertación social, su posible influencia en los procesos de negociación colectivos y la excesiva prisa" a la hora de aprobar este decreto. "El Gobierno ha impuesto la reordenación con un decreto que no sólo ha sido apresurado, sino falto de transparencia", ha sentenciado Valderas, que ha insistido en la necesidad de tramitarlo como proyecto de ley para que pueda contar "con la aportación de todos, dada su importancia".

También, se ha pedido que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) cuente con un papel "más fuerte" y ha criticado la integración de entidades como Agencia del Agua o el IARA. "El sector público ha servido como servicio de recolocación con los intereses partidistas, más que para mejorar el servicio de todos", ha concluido.

"apaño" para el sector público

En la misma línea, se ha mostrado el parlamentario popular Jorge Ramos Aznar, quien también ha abogado por la tramitación como proyecto de ley al ser un caso de "máxima gravedad". "Es una vergüenza el modo en que traen esta normativa, con el rechazo de todas las partes y por la puerta de atrás", ha criticado el diputado, quien ha apuntado a la "necesaria" participación de todos los partidos en su desarrollo, "por ser una situación de emergencia".

Ramos Aznar ha calificado como "apaño" esta reordenación planteada por el Ejecutivo socialista y ha asegurado que constituye una "ofensa" para el ciudadano este "ahorro previsto de sólo 113 millones" hasta 2013 cuando "tienen que predicar con el ejemplo".

"Se ha pasado del modelo de Administración paralela de Manuel Chaves a la de José Antonio Griñán sin dar ejemplo de situarse a la cabecera del esfuerzo que necesita Andalucía y sin resolver los problemas básicos, como la duplicidad de funciones", ha explicado el diputado popular que ha dado un "sí" a la reordenacion del sector publico, pero "con criterios diametralmente distintos" y basado en el "dialogo, la eficacia y la eficiencia".

"doble lenguaje" del pp

Por último, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha asegurado que la gestión de la norma se ha hecho con "transparencia" y ha apuntado a la "poca credibilidad" del PP en el sector público, donde "al final siempre se les va la patita". Así, se ha referido a una propuesta presentada por los populares en los que se hacía referencia a una reducción del 20 por ciento en distintos conceptos de financiación de estas entidades públicas.

"Es patético que planteen la defensa del empleo público cuando presenta iniciativas como ésta sin ningún rubor. Si estuviera en su mano, algo más alejado de lo que creen, dejarían de prestarse servicios esenciales como asistencia sanitaria, dependencia o cuestiones relacionadas con medio ambiente o acceso al empleo", ha recalcado.

Por último, ha acusado de "cinismo y doble lenguaje" al PP y ha insistido en que el decreto pretende preservar el sector público garantizar los servicios de calidad.