La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por José Chamizo, ha suspendido y archivado el expediente de queja incoado a instancias del colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, donde estos ex trabajadores reclaman que la Junta de Andalucía asuma los "compromisos de pago" implicados en el procedimiento y de los que dependen sus prestaciones. En concreto, la decisión de Chamizo surge al quedar dicho conflicto "pendiente de resolución judicial", porque la comisión ejecutiva de la compañía había resuelto ya reclamar por vía judicial los compromisos que rodea a este procedimiento.

Ya el pasado 16 de julio, un documento evacuado por Chamizo y recogido por Europa Press advertía al comité de empresa de la sociedad mixta, participada por el Consistorio hispalense y Mercasa, de que a través de los medios de comunicación, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tomaba conocimiento de que la comisión ejecutiva de la compañía había acordado reclamar por vía judicial los compromisos de pago asociados al ERE de 2007. En la documentación del procedimiento figura la Junta de Andalucía como principal fuente de financiación, aunque la negativa del Gobierno andaluz a asumir tal papel ha propiciado la suspensión de los pagos de las prestaciones acordadas para los cerca de 40 trabajadores acogidos a este expediente de regulación de empleo.

A tal efecto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recuerda en este documento que la Ley de 1983 mediante la que se regula el funcionamiento de este departamento impide el "examen individual" de aquellas quejas que esperan "resolución judicial", estipulando la suspensión de las actuaciones en el caso de mediar la acción judicial en los casos en cuestión. En nuevo escrito firmado por Chamizo el 21 de julio, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz informa definitivamente de la suspensión y archivo del expediente de queja incoado en torno al conflicto del ERE de 2007 a cuenta del colectivo de prejubilados de Mercasevilla, esgrimiendo para tal extremo "la existencia de un procedimiento jurisdiccional en trámite".

"El asunto plantado se encuentra pendiente de resolución judicial", concluye la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en cuanto a los compromisos de pago del ERE de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la empresa al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de las aproximadamente 40 pre jubilaciones consumadas merced a dicho procedimiento.

Cabe precisar que, finalmente, la comisión ejecutiva de la sociedad mixta Mercasevilla resolvió en su última sesión incluir al Banco Vitalicio y a Vitalia Vida en las acciones legales ya acordadas para reclamar el cumplimiento de los "compromisos de pago" que rodean al expediente de regulación de empleo de 2007.

Un documento revelador

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la Administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega la Junta, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros, —compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones—, su "conformidad" a la suscripción de una póliza para ocho "ex trabajadores" de la sociedad mixta, "comprometiéndose" a continuación a "abonarles" con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros. COINCIDENCIAS

Esta fecha y esta cuantía, además, "coinciden" con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de "prima" aplazada para la financiación de las prestaciones.

La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 pre jubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.