El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Huelva abordará este miércoles la cesión directa y gratuita por parte del Ayuntamiento de Huelva a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) de cuatro parcelas, destinadas a la construcción de 96 viviendas unifamiliares para el realojo de los vecinos de la calle Serenata. De esta forma, el Ayuntamiento de Huelva "avanza" en la rehabilitación de la barriada Marismas del Odiel, facilitando el cumplimiento del acuerdo 'casa por casa', a 96 familias onubenses más.

También está previsto que este miércoles se apruebe el convenio para la resolución 'de mutuo acuerdo' con la 'Sociedad Promotora de Comercio y Ocio de Isla Chica S.L.', creada por los comerciantes del barrio, la adjudicación de la parcela comercial incluida en el proyecto de transformación de la zona conocida como Plaza Houston - Estadio.

El documento, que al ser de 'mutuo acuerdo' exonera la incautación de la fianza, pone fin al acuerdo alcanzado a finales del año 2008, por el que esta sociedad se hacía cargo de promover la construcción del nuevo Centro Comercial por un importe de 15,8 millones de euros.

El objetivo del Ayuntamiento de Huelva, "no es otro que iniciar cuanto antes un nuevo concurso", para volver a sacar a licitación la parcela con una nueva valoración económica ajustada a los actuales precios de mercado. Un nuevo concurso, en el que el Ayuntamiento de Huelva mantendrá su compromiso de apoyar a los comerciantes del barrio.

En el terreno urbanístico, se someterá a votación en el pleno el documento necesario para dar vía libre al proyecto de San Antonio Montija, tras el reciente desbloqueo por parte de la Junta de Andalucía.

Por último, el grupo popular presentará al pleno una moción en contra de la subida del IVA establecida por el Gobierno, ya que considera que se trata de una medida con efectos negativos sobre el consumo y la inversión, que perjudicará la recuperación económica.

Además, esta subida impositiva afectará a los ayuntamientos que "tendrán más dificultades para contratar obras y servicios y que han sido castigados este año también con un recorte por parte del Gobierno de 3.000 millones de euros".

Para los populares, "los grandes perjudicados de esta subida van a ser los ciudadanos, que tendrán más dificultades para acceder a bienes de consumo básica y que verán mermada la calidad de prestación de los servicios que reciben de su ayuntamiento".