La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha informado este viernes de la aprobación en el pleno del Gobierno valenciano del Proyecto de Ley de la Generalitat de Autoridad del Profesorado, para posteriormente remitirlo a las Corts.

La nueva norma tiene como fin garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en todos los centros educativos no universitarios debidamente autorizados que impartan las enseñanzas de la LOE (públicos, concertados y privados), la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado.

Además, pretende fomentar la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula así como asegurar el reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ello, se reconoce el derecho del profesorado a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones y a desarrollar su labor docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral.

También se reconoce su derecho a participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y la educación integral del alumnado, a disponer de autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un clima de convivencia adecuado en las clases y las actividades escolares y a la protección jurídica adecuada.

Entre las novedades más destacadas del Proyecto de Ley de la Generalitat de Autoridad del Profesorado, destaca, por primera vez, el reconocimiento de la condición de autoridad en desempeño de las funciones de gobierno docentes y disciplinarias. En los centros docentes privados quedará limitada esta condición al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de especial sujeción entre el profesorado y el alumnado.

Los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias tendrán presunción de veracidad. En los centros docentes privados este aspecto deberá preverse en sus reglamentos de régimen interno.

Además, la Generalitat adoptará las medidas necesarias para la defensa jurídica del profesorado y la protección en los procedimientos abiertos como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones en el caso de los centros públicos y concertados.

El texto recoge también los términos de la responsabilidad y obligación de la reparación de los daños que los alumnos puedan infringir a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material de éstos, cuando no medie culpa "in vigilando" de los profesores. Y serán responsables civiles quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

En los casos de agresión física o moral a profesores, se deberá reparar este daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, que se concretará mediante resolución de la dirección del centro. Estos hechos se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.

El antecedente de esta normativa se encuentra en el Decreto sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres tutores, profesorado y personal de administración y servicios que puso en marcha el Gobierno Valenciano en 2008.